El presidente argentino, Mauricio Macri, logró en solo 4 meses de gobierno lo que el ‘kirchnerismo’ no pudo en 12 años: unir al movimiento obrero argentino. Pero esa unidad no es motivo de festejo para el proyecto neoliberal del ‘macrismo’, sino todo lo contrario. Las 5 centrales sindicales (3 peronistas y 2 de izquierda) marcharán juntas hoy, en vísperas del 1 de mayo, para protestar contra la política económica y el ajuste en marcha en Argentina. La unidad gremial amenaza desembocar en una huelga general en mayo.

“No descartamos un paro”, dijo el líder camionero Hugo Moyano.

Las 5 centrales obreras dejaron atrás viejas divisiones y enconos y aprobaron una agenda común de reclamos contra los despidos masivos de empleados públicos y del sector privado y la modificación de las escalas del impuesto a las ganancias, así como una ley antidespidos y el pago del 82% móvil para todos los jubilados, entre otros.

La cita será hoy por la tarde en el Monumento al Trabajo, a unas 10 cuadras de la Casa Rosada, sede de gobierno, en el marco de las conmemoraciones por el 1 de mayo. Todos los jefes sindicales hablarán en el acto, al que adhirió además el partido Justicialista (peronista), hoy dividido en varios grupos, entre ellos el ‘kirchnerismo’, cuya agrupación juvenil ‘La Cámpora’ anunció que se movilizará para acompañar los reclamos.

El movimiento obrero argentino está atomizado en 5 centrales sindicales. Tres son de extracción peronista: la Confederación General del Trabajo de Moyano, llamada CGT- Azopardo, por la calle en que tiene su sede y que respaldó a Macri en las últimas elecciones; la CGT-Azul y Blanca, del gastronómico Luis Barrionuevo, cercano al excandidato presidencial renovador Sergio Massa, y la CGT del metalúrgico Antonio Caló, que apoya a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Las dos centrales obreras restantes son de izquierda y se dividieron de un mismo tronco: la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), del maestro Hugo Yasky, abiertamente ‘kirchnerista’, y la CTA-Autónoma, de Pablo Micheli, que se opuso al anterior gobierno.

La movilización, que se espera sea multitudinaria y la primera gran demostración gremial de fuerza contra el proyecto neoliberal, se realizará en medio de un debate legislativo para aprobar un proyecto anti-despidos por 180 días.

El plan ya tuvo media sanción del Senado, pero Macri adelantó que lo vetará. El mandatario pidió “no apelar a la arbitrariedad, sino a la innovación” para combatir el desempleo, pero en los pasillos de la Casa Rosada crece la preocupación por el costo político que deberá pagar el gobierno al rechazar esa ley que cuenta con el respaldo gremial y que, se descuenta, será aprobada en la Cámara de Diputados. El eventual veto “va a generar mucha bronca”, resumió Moyano.

Desde que asumió el nuevo ejecutivo se perdieron en el país austral más de 140.000 puestos de trabajo. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2015 y marzo pasado hubo 141.542 trabajadores despedidos. El 52% correspondió al sector privado y el 48% a la administración pública. El gobierno afirma que todos los despedidos en el Estado son ‘ñoquis’ (como se denomina a quienes cobran un sueldo sin trabajar) que a su juicio llegaron al sector público como militantes pagos del ‘kirchnerismo’. Pero los sindicatos estatales rechazaron esa visión y denunciaron despidos masivos injustificados.

Moyano, el gremialista más poderoso del país y que defendió al ‘kirchnerismo’ hasta 2011, se fue alejando de Macri desde su asunción tras respaldarlo en las últimas elecciones.

“Yo estoy cerca de los trabajadores, más allá del gobierno. Prefiero andar bien con los trabajadores que con el gobierno”, enfatizó.

La movilización “es de protesta por falta de respuesta del gobierno”, aseguró Moyano, uno de los gremialistas que se enfrentó en los años 90 al proyecto neoliberal del expresidente peronista Carlos Menem (1989-99). (I)

Los empresarios se oponen a la ley anti-despidos

El Grupo de los 6 (G-6), que nuclea a las principales entidades empresarias de Argentina, rechazó la prohibición de los despidos y la instalación de la doble indemnización al señalar que “no es el camino”, en sintonía con la postura del gobierno nacional frente a los proyectos de ‘emergencia laboral’ que la oposición impulsa en el Congreso.

La iniciativa, promovida por opositores, recibió el miércoles la sanción del Senado y su debate pasó a la Cámara de Diputados.

La ley establece que si un trabajador es despedido sin causa, puede optar por pedir su reincorporación o cobrar doble indemnización.

Solo en el sector público se produjeron casi 10.000 despidos en 3 meses, según cifras oficiales.

El presidente Mauricio Macri aseguró que si prospera la ley, la vetará. También indicó que la economía, azotada por una rampante inflación del 40% anual y aumentos de hasta 900% en tarifas de luz, gas, agua y transporte, ‘despegará’ en el segundo semestre de este año.

Cámaras industriales admitieron que miles de puestos de trabajo están en riesgo, por el alza de costos y la caída de consumo.

Los empresarios respaldan a Macri, quien sostiene que la ley desalentará inversiones y ahogará a pequeñas y medianas empresas. (I)