Es una herida abierta, un tema que para un sector de la sociedad chilena aún está pendiente. Desde hace algunas semanas en Chile han reflotado una serie de casos relacionados con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que además han coincidido con la muerte el viernes pasado del exgeneral Manuel Contreras, jefe de la policía secreta del régimen militar y responsable de numerosos crímenes.

A fines de julio, el exconscripto Fernando Guzmán dio a conocer en el programa ‘En la Mira’, de Chilevisión, un crudo relato sobre el Caso Quemados, ocurrido el 2 de julio de 1986, cuando una patrulla militar quemó vivos a Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana. Esta acción le produjo la muerte a Rojas, mientras que Quintana quedó con el 65% de su cuerpo afectado.

El exconscripto rompió un silencio de 3 décadas y reveló que “el verdadero culpable tiene nombre y apellido: Julio Casteñer, ese es el nombre del asesino”. Luego, la propia Carmen Gloria Quintana concedió una entrevista televisiva, en la que aseguró que “la importancia de la declaración del exconscripto es que devela que al interior del Ejército existe una política institucionalizada de encubrimiento de la mentira en todos los casos de derechos humanos. Se supone que son valientes soldados, y hasta el momento, solo han mostrado cobardía”.

Todo esto generó la reapertura del Caso Quemados y luego la detención de 12 exoficiales y suboficiales por su presunta responsabilidad en los hechos. De inmediato, los casos de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Pinochet se transformaron en comentario obligado de los chilenos.    

Eso sumado al fallecimiento del ‘Mamo’ Contreras, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el máximo aparato represor de Pinochet, que estaba condenado a 529 años de cárcel por diversos casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. El deceso de Contreras, de 86 años, generó que la alianza oficialista Nueva Mayoría pidiera un proyecto que degrada militares.     

En ese sentido se reactivó la agenda sobre derechos humanos. La idea de este sector es legislar sobre la degradación de uniformados involucrados en investigaciones judiciales sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Así, la senadora Isabel Allende, hija de Salvador Allende, señaló que presentará un proyecto de ley para quitarles el rango militar a exsoldados implicados en la represión durante el régimen de Pinochet.    

“Hay que impulsar una agenda legislativa de Derechos Humanos. Tenemos una deuda pendiente”, afirmó el presidente del oficialista Partido Por la Democracia (PPD), senador Jaime Quintana. Cifras oficiales en Chile sostienen que el régimen de Pinochet dejó 40.018 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos, de los cuales un millar siguen desaparecidos.       

La propia Bachelet, víctima de la represión de la dictadura, llamó a los chilenos para que rompan los pactos de silencio que, según ella, han encubierto las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el régimen militar (1973-1990). También elogió al exconscripto que se atrevió a hablar del Caso Quemados. A la petición de Bachelet se sumaron los expresidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

En medio de este clima, el jefe del Ejército, general Humberto Oviedo, compareció el martes ante un comité de la Cámara de Diputados y aseguró que la institución que dirige “no ampara ningún pacto de silencio”. Oviedo dijo que organismos como la DINA no tenían vinculación con el Ejército, sino con el ministerio del Interior de la época.

Además recalcó que “yo he insistido en que el pacto de silencio no existe como institución porque no está dentro de la ética ni tampoco dentro de la doctrina. No podemos amparar ningún tipo de pacto de silencio dado que tenemos una cadena de mando clara”.

Eso sí, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseguró que “cualquier persona que ha cometido graves crímenes no puede continuar en la institución”. El hecho de que el tema de los derechos humanos esté en la agenda generó también la idea de una bancada de la Democracia Cristiana de incorporar a los exconscriptos en las reparaciones que la Subsecretaría de DD.HH. pudiese entregar en el futuro a las víctimas de la dictadura.

En medio de todas estas discusiones, el general (r) Hernán Ramírez Rurange, hombre de confianza de Pinochet, falleció el jueves tras propinarse un disparo en la cabeza con un revólver calibre 32.

Este exoficial había sido condenado esta semana a 20 años de cárcel por el caso de la muerte de Eugenio Berríos, el exquímico de la DINA, que fue encontrado muerto en Montevideo en 1995. (I)