En la batalla por la ciudad siria de Alepo, en diciembre pasado, el régimen e insurgentes cometieron crímenes de guerra al realizar bombardeos indiscriminados, usar armamento prohibido y civiles como escudos humanos, concluye un informe de la ONU.

“Todas las partes cometieron graves violaciones de leyes humanitarias internacionales constitutivas de crímenes de guerra”, determina la investigación efectuada por la Comisión Internacional de la ONU a partir de 300 entrevistas teléfonicas y mensajería con habitantes de la ciudad.

Además, la evacuación de civiles concluida entre el régimen y los rebeldes -con apoyo de sus respectivos aliados- constituyó en sí misma un ‘crimen de guerra’ al implicar el ‘desplazamiento forzado de la población civil’.

El informe cubre el periodo del 21 de julio de 2016, cuando empezó el asedio a la ciudad, hasta la reconquista total por parte del régimen el 22 de diciembre.

Los autores subrayan el papel de las fuerzas del Gobierno en esta batalla de una “violencia implacable”, particularmente el papel de Rusia.

“Entre julio y diciembre hubo bombardeos aéreos diarios, los cuales dejaron centenares de muertos y redujeron  a ceniza hospitales, escuelas y mercados”, denuncia el documento.

La Comisión acusa a las fuerzas sirias de emplear armas prohibidas como el cloro o las bombas de fragmentación e insiste en que se produjo una destrucción sistemática de edificios e infraestructuras.

“Cuando las fuerzas prorrégimen reconquistaron Alepo Este el 23 de diciembre, ningún hospital funcionaba en esa parte de la ciudad”, indica el informe.

La reconquista de Alepo Este, llevada a cabo por las fuerzas del régimen y las milicias extranjeras (guardias de la revolución iraníes, combatientes del Hezbolá chiita libanés, y milicias afganas e iraquíes) dio lugar a “ejecuciones” de combatientes indefensos.

“Centenares de hombres fueron enrolados a la fuerza en el ejército sirio. La suerte de otros muchos se desconoce”, subraya el documento.

La comisión de investigación apunta por primera vez al régimen de Damasco como responsable del ataque de un convoy humanitario el 19 de septiembre con ayuda para Orum al Kubra, cerca de Alepo.

El ataque, en el que habrían muerto hasta 15 trabajadores, según el informe, suscitó la indignación de la comunidad internacional y echó por tierra los esfuerzos de Moscú y  Washington para decretar un alto el fuego. “Todos los informes, imágenes satélites, testimonios y peritajes médico-legales en el terreno (...) implican a las fuerzas sirias”, según ese informe, que acusa a los últimos de haber cometido un “crimen de guerra” al “atacar deliberadamente” el convoy.

Damasco y Moscú siempre han desmentido su responsabilidad en ese ataque.

El informe de la comisión también acusa de cometer crímenes de guerra a los rebeldes sirios, que cuando controlaban el este de Alepo efectuaron una “campaña de bombardeos indiscriminados” sobre la parte occidental de la ciudad bajo control gubernamental.

Cita especialmente el ataque a un minibús de estudiantes el 10 de agosto en el que murieron 13 personas y otro el 6 de octubre contra un mercado que dejó 12 muertos.

La comisión acusa a la rebelión de impedir a los civiles huir de Alepo Este, en ocasiones ejecutándolos, y de usarlos como escudos humanos.

Según el informe, entre 6.000 y 8.000 combatientes de diversas facciones controlaban la parte oriental de la ciudad, sin contar entre 150 y 200 militantes de Fateh al Sham, exfilial siria de Al Qaeda.

Los investigadores también denuncian el control de los grupos armados de la ayuda humanitaria, el favoritismo y el nepotismo en su distribución, y apuntan al establecimiento de un clima de miedo entre la población. (I)