El Salvador.-

El sacerdote español, nacionalizado salvadoreño, Antonio Rodríguez permanece encarcelado en El Salvador desde el 29 de julio, acusado por la Fiscalía General de colaborar con las pandillas de ese país, con las que trabaja en tareas de prevención de la violencia hace 14 años.

Su rostro se hizo conocido en El Salvador cuando el 7 de septiembre de 2010 leyó un comunicado de los ‘maras’, en el que se proponía al gobierno un diálogo para frenar los homicidios. Esto le valió el calificativo de ‘el vocero de las pandillas’.

También fue expulsado por el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes de la comisión gubernamental de búsqueda de niños desaparecidos en la guerra civil (1980-1992).

Su postura cambió varias veces, destacan medios locales. En 2012 el religioso era un fuerte crítico de la ‘tregua’ entre pandillas, a la que calificaba de ‘paz mafiosa’, pero en 2013 anunció que la apoyaba, incluso el sacerdote comparecía en reuniones y ruedas de prensa con funcionarios y mediadores de ese pacto de no agresión.

Esa decisión le permitió a Rodríguez entrar, en abril pasado, en los centros penitenciarios de pandilleros, particularmente en Cojutepeque. La Fiscalía sostiene que a partir de esa licencia, Rodríguez introdujo celulares y tabletas a los penales de Cojutepeque e Izalco, por lo que es acusado de delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

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Tanto él como su familia y sus compañeros han negado estas acusaciones subrayando que solo es ‘un hombre que predica el bien con sus actos y su obra’.

El defensor del sacerdote, Nelson Flores, apeló la resolución de un juzgado que le dictó prisión preventiva y este lunes pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y aseguró que el religioso es víctima de ‘persecución política’.

La familia del religioso puso en marcha, este lunes, una campaña en internet para recoger firmas a favor de su libertad. La recolección comenzó en la plataforma Change.org y serán enviadas al presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, a quien se le pedirá que archive la causa y no se lo obligue a abandonar el país.

Según su familia, su detención solo obedece a motivos políticos, pues el ‘Padre Toño’, como es conocido en ese país centroamericano, lleva 14 años trabajando con las bandas juveniles para lograr su reinserción en la sociedad.