Aún no hay consenso sobre el contenido ni sobre la metodología. Pero la mayoría de los chilenos está de acuerdo con el cambio de Constitución propuesto la semana pasada por la Presidenta Michelle Bachelet.

Así lo reveló una encuesta de Cadem Investigación de Mercado y Opinión Pública, que señaló que el 71% de la población aprueba la necesidad de una nueva Carta Magna, en reemplazo de la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet. Eso sí, el mecanismo que derivará en la Constitución es lo que está marcando el debate en Chile.

Al anunciar la nueva Constitución, Bachelet explicó que se hará por fases. A partir de ahora y hasta marzo se concretará un proceso de educación cívica. Luego, hasta octubre de 2016, se desarrollará un proceso de “diálogos ciudadanos”, primero por los barrios, luego por las provincias y finalmente por las regiones. Los resultados de esos diálogos serán supervisados por un comité de expertos y en 2017 el gobierno transformará eso en una propuesta que será presentada en el Congreso.

Como la Constitución de Pinochet no contempla mecanismos para la elaboración de una nueva Carta Magna, a fines de 2016 la administración de Bachelet debe enviar un proyecto de reforma constitucional al Legislativo. Esto deberá ser aprobado por dos tercios, que el oficialismo no tiene asegurado. Así, el actual Congreso deberá habilitar al Parlamento que resulte electo en las elecciones de 2017 para que ese órgano decida el mecanismo de discusión del proyecto entre cuatro alternativas: Comisión Bicameral de senadores y diputados; una Convención Constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente o bien que el Congreso pueda convocar a un plebiscito.

Según la encuesta Cadem, el 62% de los chilenos apoya una consulta ciudadana para decidir el mecanismo para la nueva Constitución. A su vez, el 5% se mostró partidario de una comisión bicameral, un 12% apoya una Asamblea Constituyente y un 15% respalda la convención mixta de parlamentarios y ciudadanos.

En cuanto a las críticas de parte del sector empresarial, Bachelet dijo esta semana que “del 90 a esta fecha, 100 países han cambiado su Constitución, ninguno de ellos ha caído en guerra, en crisis mortal. Algunos, como el caso de Túnez, estaba saliendo de un proceso bastante autoritario y ellos lo hicieron a través de una Asamblea Constituyente. De los 100 procesos, el 38% lo hacen a través de una Asamblea Constituyente, el 21% a través de los Congresos. Pero en todos los países más democráticos optan por mecanismos más democráticos y en ninguno de ellos ha generado una crisis brutal”.

Bachelet reconoció que “hay un cierto susto a la gente, hay un cierto miedo a la participación de la gente y esto es una tremenda oportunidad para que las elites se encuentren de nuevo con la gente”. 

A la controversia sobre el mecanismo de la reforma no sólo han entrado los empresarios y la oposición, sino que también conocidas figuras de la alianza oficialista Nueva Mayoría, como José Miguel Insulza. El ex secretario general de la OEA, se preguntó en cuanto al contenido: “Quiero saber en qué momento vamos a discutir los temas sustantivos”. En esa misma línea se manifestó el ex Presidente Ricardo Lagos, quien junto a los ex mandatarios Eduardo Frei y Sebastián Piñera visitaron el lunes a Bachelet en La Moneda para discutir el tema de la Constitución.

Lagos recordó que las modificaciones a la Carta Magna que se concretaron en su gobierno permitieron terminar con los enclaves autoritarios de la Constitución Política de 1980, pero que ahora es necesaria una nueva Constitución porque ese cuerpo “está impregnado de una visión neoliberal que obliga a tener un Estado subsidiario y por lo tanto ha llegado el momento de modernizar ese cuerpo, especialmente después de la crisis económica de 2008”.

Si bien la Constitución chilena consagra tradiciones republicanas y derechos individuales, enfrenta críticas. Aparte de un sistema electoral poco democrático –que ya se modificó- y el rechazo a la “democracia protegida”, en varias de sus disposiciones la Carta Magna chilena exige una mayoría de 4/7 en el Congreso para reformar votaciones en temas clave como educación, partidos políticos y Fuerzas Armadas. (I)