Odebrecht tiene la llave de una caja de Pandora colmada de sobornos y nombres de funcionarios argentinos. Mientras el juez Sebastián Casanello allanaba sus oficinas en Buenos Aires en búsqueda de documentación comprometedora, sus ejecutivos seguían negociando con operadores del gobierno de Mauricio Macri un manto de “inmunidad” al mejor estilo brasileño para hipotéticas “delaciones premiadas”, un argumento jurídico que no existe en Argentina.

Casanello dio el primer paso el miércoles al ordenar un allanamiento a las oficinas de la constructora brasileña que admitió ante la justicia de Estados Unidos haber pagado coimas por 35 millones de dólares en Argentina. Las oficinas se encuentran a pocas cuadras de la Casa Rosada, sede de gobierno.

¿Y qué buscaba concretamente el juez? Datos sobre el presunto pago de sobreprecios e iregularidades en las contrataciones hechas por la compañía brasileña para la construción de una planta potabilizadora de la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos SA (AySA) en la zona de Paraná de las Palmas, provincia de Buenos Aires.

Pero esa no es la única obra sospechada. También están en el ojo de la tormenta otra planta potabilizadora, los gasoductor Norte y Sur y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento que une la capital con la zona oeste del Gran Buenos Aires, todas confiadas a Odebrecht.

Incluso las obras del ferrocarril Sarmiento han derivado en un gran escándalo para el gobierno de Macri. Un “arrepentido” de la causa Lava Jato en Brasil, identificado como Leonardo Meirelles, dijo que él mismo le realizó en el 2013 varias transferencias por unos $ 850.000 en concepto de sobornos al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri.

Tanto Arribas como Macri niegan la acusación, pero el escándalo les estalló en las manos. La licitación de las obras sucedió en el 2007 cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el actual mandatario era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo sospechoso es que Odebrecht tenía entre sus socios a la firma Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri. Y Arribas, un hombre de absoluta confianza del presidente, vivía entonces en San Pablo y habría actuado como nexo para reflotar el contrato según las sospechas.

Iecsa fue durante muchos años una empresa insgnia del Grupo Macri y estuvo comandada en el pasado por el propio Mauricio Macri. Según el conservador diario La Nación, Arribas curiosamente comenzó a recibir las trasferencias en el 2013 un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del ferrocaril Sarmiento a cargo del consorcio de empresas integrado por Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella.

Ante las fuertes presiones recibidas, Calcaterra vendió la compañía en marzo pasado.

Pero más allá de todos estos escándalos, Odebrecht sigue adelante con sus obras en Argentina y está abocado a encontrar una solución que le garantice no solo la continuidad de sus negocios en el país austral sino también inmunidad a sus ejecutivos.

Operadores del gobierno se han reunido en los últimos días con representantes de la constructora brasileña para llegar a un acuerdo. Los ejecutivos quieren replicar el modelo brasileño: admitir sus culpas, señalar nombres de involucrados en hechos de corrupción y salir indemnes bajo el sistema de “delación premiada”. Pero esa figura jurídica no existe en Argentina. La llamada “ley del arrepentido” solo permite reducir condenas para quienes colaboren con la justicia, pero no otorga inmunidad absoluta.

Una posibilidad sería acogerse a una cláusula del acuerdo de culpabilidad que la empresa firmó en Estados Unidos. Ello le permitiría a la Argentina acceder a testimonios y documentos. Pero esta fórmula no le garantiza de ningún modo inmunidad a los ejecutivos de Odebrecht con lo que la situación no está aun resuelta.

El caso comienza a recalentar la política argentina. En una semana se levantará el secreto en Brasil sobre 77 declaraciones de empleados de la constructora. Se cree que en al menos una decena de ellas se habla de acuerdos con Argentina. Y el gobierno de Macri se frota las manos pensando en que se apilen nombres de exfuncionarios “kirchneristas” para tapar el escándalo que amenaza con arrastrar a su jefe de inteligencia. (I)