Santiago de Chile.- Un proyecto de ley promovido, por legisladores oficialistas, para amnistiar a quienes cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) fue rechazado por la Cámara de Diputados de Chile.

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados declaró inconstitucional la iniciativa encaminada por los parlamentarios Jorge Ulloa, de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), y  Mario Bertolino, de Renovación Nacional.

El proyecto había sido presentado en total silencio el 8 de mayo pasado, sin embargo en las últimas horas se conoció públicamente su contenido, y fue inmediatamente rechazado por la oposición.

Los diputados de la bancada opositora explicaron que la propuesta contraviene los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de derechos humanos, donde la amnistía y las leyes de punto final no tienen cabida. En cuanto a la tramitación formal, precisaron que todo proyecto relacionado con amnistías debe ser ingresado a través del Senado y no de la Cámara de Diputados.

Al respecto, el diputado democristiano René Saffirio precisó que “el país debe y merece saber que está fraguando la derecha con un proyecto como éste; es aberrante y sin pudor alguno”.

Indicó que “(ellos) se saltan todas las instancias establecidas en nuestra legislación para obtener beneficios, otorgando, de pleno derecho, la remisión de la pena, incluso otorgando beneficios directos y express para los procesados”.

Por su parte, el jefe de la bancada de ese colectivo, Ricardo Rincón, que también criticó a la derecha, dijo que el proyecto es “aberrante e inaceptable” y que muestra a “la verdadera derecha, la que permanentemente intenta defender los horrores de la dictadura”.

Durante el régimen militar de Pinochet, como parte de la Operación Cóndor, fueron asesinados 2.095 chilenos, según la Comisión de  Verdad y Reconciliación (conocida también como Comisión Rettig).

Además, hubo 1.102 detenidos desaparecidos, se estimuló la xenofobia para evitar ayuda exterior a los movimientos revolucionarios, se aplicó de manera continua la tortura como herramienta para contrarrestar a los no partidarios de la dictadura, señala Prensa Latina.

De acuerdo con un estudio de la privada Universidad Diego Portales, 76 agentes de la dictadura fueron   condenados en Chile hasta mayo de 2012 por violaciones a los derechos humanos y 67 de ellos fueron encarcelados.

El proyecto presentado por los diputados oficialistas establece que los penados por delitos de violaciones a los derechos humanos recibirán la remisión completa de su pena, si el castigo no supera los 15 años de reclusión.

Según el autor del proyecto, Jorge Ulloa, se perseguía “fortalecer la justicia, equidad e igualdad penal y procesal de   las personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Tras conocer la resolución de la Cámara de Diputados, Ulloa manifestó a los periodistas que “hoy en Chile a un grupo de personas se le vulnera sistemáticamente las garantías de un justo y debido proceso, como es  el personal civil y militar activo o en retiro de las Fuerzas Armadas y de orden que es actualmente procesado o condenado por hechos acontecidos después de 1973”.