Asociaciones de defensa de derechos civiles denunciaron este miércoles el éxodo de escolares hispanos en Alabama desde la semana pasada por la ley de inmigración estatal que obliga a los colegios a comprobar el estatus migratorio de los alumnos.

"Esta ley es la más injusta de todas las leyes de inmigración aprobadas en EE.UU.. Va más allá, porque no sólo atemoriza a las familias con indocumentados sino que viola el derecho de los niños a la educación", dijo Mary Olivella, vicepresidenta de la asociación MomsRising.

En una conferencia de prensa telefónica, varias asociaciones se sumaron a las múltiples voces que se oponen a la ley de inmigración HB56 de Alabama, considerada como la más severa de las cinco leyes estatales que, inspiradas en la SB1070 de Arizona de 2010, se han adoptado recientemente en EE.UU. para combatir la inmigración ilegal.

La ley HB56 entró en vigor de manera parcial el pasado 1 de septiembre, después de que una jueza bloqueara algunas de sus cláusulas sin pronunciarse sobre su constitucionalidad ni atajar dos de sus puntos más polémicos y que más temor han causado entre los indocumentados del estado, entre ellos un gran número de hispanos.

Así, ya está en vigor el apartado de la ley que autoriza a la policía a pedir la documentación a aquellas personas "sospechosas" de residir de manera ilegal en el país y también el que exige que las escuelas pidan el estatus migratorio de los estudiantes inscritos a partir del 1 de septiembre.

Es precisamente esta última cláusula la que ha sembrado el pánico entre la comunidad inmigrante del estado, de manera que centenares de niños han dejado de asistir a la escuela desde la semana pasada y muchos otros ya han comunicado a sus profesores que no volverán a las aulas.

El temor de los padres es que los datos facilitados a la escuela lleguen a manos de los agentes de inmigración y sean utilizados para deportar a los miembros de la familia que residen de manera ilegal en el país.

Así lo explicó hoy la vicepresidenta de la asociación Child Rights Policy, Wendy Cervantes, quien advirtió que la ley no sólo hará que abandonen las clases los niños indocumentados, sino también aquellos que han nacido en EE.UU., pero cuyos padres u otros familiares se encuentran en situación irregular en el país.

Además, recordó que los fondos que reciben las escuelas dependen del número de alumnos que tienen matriculados, por lo que, si se convierte en definitiva la drástica caída en el número de estudiantes que se produjo la semana pasada, la ley de Alabama perjudicaría también la educación del resto de los niños que asisten a estos centros.

Con estos temores sobre la mesa, las escuelas del estado han emprendido una campaña para tranquilizar a las familias, a las que quieren convencer de que los datos que faciliten no serán comunicados a Inmigración.

Sin embargo, esta llamada a la calma no ha surtido efecto entre los inmigrantes indocumentados del estado, que no sólo están sacando a los niños de las escuelas sino que, por temor a otros severos puntos de la ley, están incluso abandonando un estado en el que, en palabras de Olivella, "se sienten rechazados" tras la aprobación de la ley.

El Departamento de Justicia presentó el pasado 30 de septiembre una apelación contra la polémica ley alegando que la inmigración es una competencia federal exclusiva.

Los sectores más conservadores del país, por su parte, ya han celebrado la "huida" de indocumentados que, aseguran, se ha producido con la entrada en vigor de la ley.

Así lo ha explicado hoy el "Tea Party Nation", uno de los grupos que conforman el movimiento ultraconservador Tea Party, y que hoy aplaudió en un comunicado los primeros efectos de la medida y pidió que otras leyes similares se aprueben en todos los estados del país.