La propia presidenta Michelle Bachelet lo dijo ante la Asamblea General de Naciones días atrás: Chile necesita un cambio a la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet. “No pretendemos refundar el país, pero hay que avanzar hacia una nueva Constitución de raíz y contenidos plenamente democráticos”, señaló la mandataria socialista. En ese marco, en Chile se abrió esta semana un nuevo debate sobre la necesidad de modificar la Carta Magna en el corto plazo.

En los 6 meses que lleva como gobernante, Michelle Bachelet se ha enfocado en la aprobación de la reforma tributaria, que ya fue promulgada; en la reforma educacional, que aún se discute en el Congreso y también en cambios a la ley electoral y laboral. Pero el gran punto pendiente ha sido la nueva Constitución que prometió en su propia campaña electoral del año pasado.

La actual Carta Magna chilena fue aprobada en 1980 en un plebiscito realizado en medio de violaciones a los derechos humanos. Aunque durante la gestión de Ricardo Lagos (2000-2006) se concretó una serie de cambios constitucionales, la mayoría de los chilenos está disconforme con su Constitución. ¿Por qué? Hay variadas razones.

La principal tiene que ver con el llamado sistema de elección binominal, que le asegura una importante representación parlamentaria a las minorías y no a las mayorías. También existe rechazo a la llamada ‘democracia protegida’ porque en varias de sus disposiciones la Constitución de Pinochet exige una mayoría de 4/7 en el Congreso para reformar votaciones en temas clave, como educación, partidos políticos y Fuerzas Armadas.

Desde que Bachelet prometió modificar la Carta Magna han habido marchas ciudadanas y movimientos que exigen una Asamblea Constituyente. De hecho, en las elecciones presidenciales, los grupos que promueven una nueva Constitución pidieron que en el voto los chilenos escribieran ‘AC’, para exigir una Asamblea Constituyente y así presionar a la administración de Bachelet hacia ese camino. Esta iniciativa tuvo gran éxito y repercusión mediática.

Mecanismos poco claros

Aunque Bachelet está decidida a implementar una nueva Constitución, no está del todo claro el mecanismo que se utilizará para aquello.

Si bien una Asamblea Constituyente -como la que llevó adelante Bolivia, Ecuador o Venezuela- no se descarta completamente, la alternativa que barajaría el Gobierno es que la discusión se concentre en el Legislativo. El problema es que la alianza oficialista Nueva Mayoría no tiene los votos suficientes para modificar la Carta Magna.

La estrategia del Gobierno sería entonces concentrar la discusión en el Congreso, pero al mismo tiempo implementar consultas y asambleas ciudadanas (cabildos) o plebiscitos. Algunos expertos han propuesto que esta última instancia cuente con el visto bueno del 75% de los consultados. Según el diario La Tercera, de Chile, lo que se está discutiendo es muy similar a lo que en su momento hicieron Suiza, Suecia y Colombia.

La nueva Constitución suiza surgió de conversaciones de académicos y acuerdos políticos en el Parlamento, lo que fue enriquecido con consultas ciudadanas y un plebiscito en 1989. En Suecia, la Carta Magna de 1974 se hizo tras un pacto entre los principales partidos políticos de ese momento, mientras que en el caso colombiano, la nueva Constitución nació de una Asamblea Constituyente.

Bachelet se refirió ayer a este tema al anunciar una reforma constitucional para tener un Estado descentralizado, pero unitario. Así enfatizó que la nueva Constitución deberá “velar por este propósito”.

Desde la próxima semana el Ejecutivo deberá resolver qué camino va a tomar y esa decisión debería estar lista a más tardar en enero de 2015. Al menos esa es la idea del Gobierno. “La nueva Constitución debe emanar del Congreso, pero con un proceso participativo para recoger impresiones ciudadanas”, afirmó el senador oficialista, Felipe Harboe, quien lidera la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

Cada vez que a Bachelet se le ha preguntado por la forma mediante la cual nacerá la nueva Constitución chilena, la jefa de Estado suele responder que será un mecanismo democrático, participativo e institucional.

De hecho, en las últimas semanas, diversas organizaciones ciudadanas han enviado misivas a la mandataria para alentarla a que impulse la nueva Constitución, pero mediante una Asamblea Constituyente.   

Para algunos analistas, lo que está en juego con la nueva Constitución es un nuevo ‘contrato social’. Los trabajos para que sea una realidad empezarán el próximo año.