En uno de los fallos judiciales más controvertidos de los últimos años, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó devolver a la familia de Augusto Pinochet nada menos que 23 inmuebles, vehículos y cuentas corrientes por un total de seis millones de dólares embargados al exdictador (1973-1990). Eso, en el marco del proceso que se abrió en 2004 por las cuentas secretas que mantenía Pinochet en el Banco Rigss en Estados Unidos.

En un fallo que ha vuelto a abrir las heridas de la dictadura y la impunidad de la que han gozado parte importante de los colaboradores del régimen militar y el propio Pinochet, el tribunal argumentó la prescripción de la acción penal para revocar un fallo anterior. En su momento, a Pinochet se le embargaron bienes por alrededor de 17 millones de dólares.

De todos modos, será la Corte Suprema la que defina finalmente la devolución de los bienes a los familiares del ex dictador. Eso, porque la abogada querellante en esta causa, Carmen Hertz, indicó ayer que presentarán un recurso de casación con el objetivo de anular la resolución de la Corte de Apelaciones. Así, el máximo tribunal de Justicia del país deberá zanjar la disputa.

Según diversas indagaciones, la oscura trama financiera para ocultar su fortuna en el extranjero comenzó a tejerse en 1981. Pinochet gobernó con mano de hierro el país hasta 1990, pero dejó la comandancia del Ejército recién en 1998. Ese mismo año viajó a Londres junto a su nieto para operarse una hernia. Sin embargo, en octubre el juez español Baltasar Garzón dictó una orden de detención por los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y desaparición de personas.

Las acusaciones de corrupción también han apuntado últimamente a su esposa, Lucía Hiriart, de 93 años y que atraviesa un delicado estado de salud. Se estima que la viuda del general se vio directamente beneficiada de los bienes que el Estado cedió en su momento a la fundación CEMA Chile, presidida a perpetuidad por Lucía Hiriart, que ha vendido parte de ese patrimonio de origen fiscal en al menos nueve millones de dólares.

La justicia investiga si hubo o no malversación de caudales públicos relacionados con CEMA Chile. Esta entidad de beneficencia, que contaba con gran publicidad durante la dictadura, es indagada por presuntamente vender o arrendar los inmuebles que el Estado le traspasó, pese a que no se le permitía por la forma en que fue constituida la fundación. (I)