El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil examinará el jueves un pedido de habeas corpus de la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su eventual detención por una condena a más de 12 años de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero.

La información fue confirmada este martes por la asesoría de la corte, que tiene la palabra final en todos los litigios civiles y criminales que no involucren cuestiones constitucionales.

Cualquiera que sea la decisión, estará limitada al habeas corpus. No bloqueará otras herramientas legales para cuestionar la sentencia, incluso ante el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema), que atiende cuestionamientos sobre presuntas violaciones de derechos constitucionales.

El habeas corpus ya fue rechazado preliminarmente el 30 de enero por el juez del STJ Humberto Martins, quien argumentó que "la posibilidad de una inmediata prisión" no parecía posible, dado que todos los recursos de la segunda instancia no se habían agotado.

No obstante, envió el caso para que sea definido por el plenario de la corte.

Martins se refería al recurso presentado, por supuestas "omisiones" y "contradicciones" en el fallo, ante el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) de segunda instancia de Porto Alegre, que en enero ratificó la condena de Lula.

Según las leyes brasileñas, una vez agotados los recursos de segunda instancia, es posible ejecutar la condena.

El habeas corpus ante el STJ pretende que el exmandatario de izquierda (2003-2010) pueda recurrir en libertad un eventual rechazo a las objeciones presentadas.

Lula fue condenado por supuestamente haber aceptado un apartamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a políticos del caso Petrobras.

Pero el exmandatario brasileño, quien sacó a 28 millones de personas de la pobreza, denuncia una persecución judicial para evitar que gane las elecciones de octubre, en la cual los sondeos lo dan como un claro e indiscutible favorito.

Con complicaciones penales, donde acumula otros seis juicios, Lula también tendrá que lidiar con la justicia electoral, que podría impedirle que se postule por tener una condena ratificada en segunda instancia.

Pero ese desenlace solo se conocerá cuando se abra el plazo para registrar oficialmente las candidaturas, entre el 20 de julio y el 15 de agosto. (I)