Lo que ocurre en los últimos años en las dependencias del Servicio Nacional de Menores (Sename) genera un profundo impacto en la sociedad chilena.

El informe de la Policía de Investigaciones (PDI), que permaneció oculto desde diciembre de 2018, concluye que el 88,3% de 241 centros que administra el organismo estatal vulnera los derechos de los niños y adolescentes.

El informe, revelado por el Centro de Investigación Periodística (Ciper), indica que entre 2005 y 2016 murieron 1.313 menores en instituciones a cargo del Sename, organismo del Estado de Chile encargado de la protección de derechos de los menores y adolescentes en el sistema judicial.

En total, la PDI estableció 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados en los centros del Sename, entre ellos se desglosan 432 maltratos por parte de adultos, 1.265 entre pares, 53 por familiares al interior de los recintos, 123 abusos sexuales ejecutados por adultos y 187 abusos sexuales cometidos entre menores. Cifras que corresponden solo a 2017.

Respecto a la salud, las cifras señalan que 42 centros no tienen un encargado, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, los funcionarios no están debidamente capacitados.

El 72,9% de los centros a nivel nacional no tiene un protocolo ante conductas suicidas y el 44,5% no cumple los protocolos mínimos exigidos por el Sename. 

La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. La directora del Sename, Susana Tonda, plantea a Ciper que más de la mitad son adultos que llegaron cuando eran niños”.

Se estima que actualmente hay más de 6.000 internos en los centros del Sename, de ellos, el 14% tiene más de 18 años. Alrededor del 60% está con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin la debida atención médica. De ahí que la PDI también señala el uso y abuso de psicofármacos en  estos hogares.

La investigación forma parte del “Caso Sename”, que es dirigida por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, relativa a fallecimientos de niños, niñas y adolescentes cuando se encontraban bajo custodia del Estado en organismos de administración directa o colaboradores del Sename.

Emilfork impulsa la indagación de los decesos de los menores luego de conocer el caso de la menor Lissette Villa, quien murió el 11 de abril de 2016 a manos de dos cuidadoras, que fuera de todo protocolo, la inmovilizaron, la sujetaron de las extremidades, se subieron a su espalda y la   arrastraron hasta su habitación.

“Continuamos con esta investigación entendiendo que, con su naturaleza de derechos humanos, es extraordinariamente importante, no solo para la Fiscalía, no solamente para nosotros como equipo investigador, sino que también para el país”, enfatiza el fiscal.

Ya había un documento de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que revelaba la violencia sistemática en estos centros de cuidado que pedía a las autoridades que, tras la muerte de Villa, se investigaran las posibles violaciones a la Convención de los Derechos del Niño cometidas por el Estado chileno.

En diciembre de 2016 también se conoció que 25 niños internados en el centro residencial de Playa Ancha, en Valparaíso, fueron “víctimas de fuertes maltratos y golpes, cometidos por funcionarios” de la institución.

Informe oculto
El informe de la PDI, titulado “Análisis del funcionamiento residencial en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores” estuvo listo en diciembre de 2018.

Sin embargo, por la complejidad de los casos se quedó estancado en una serie de análisis jurídico y filtros burocráticos, señala Ciper.

La Defensoría lamenta conocer el informe por medio del reportaje periodístico y que el Gobierno chileno se demorara en enviar la investigación realizada por el PDI. “Sorprende que, a pesar de la gravedad y urgencia que revisten los elementos de análisis contenidos en este informe, y encontrándose este concluido en diciembre de 2018, por parte de la PDI, recién se entregara al fiscal regional Emilfork a fines de abril de 2019”.

Para el organismo encargado de la defensa de los derechos de los menores esta demora representa “una afectación directa” a los niños que están bajo la tutela del Sename.

La declaración de Emilfork cierra con una frase que claramente apunta a establecer responsabilidades: “Nos llamó la atención que un informe así y un estudio complementario que debió estar listo a fines del año 2018, recién prácticamente a mediados de este año  llegara a nuestras manos”.

Respecto de que si el documento fue entregado al gobierno, Emilfork dice: “Esa pregunta no la puedo contestar, ni corresponde que la conteste yo”. (I)