El blindaje de derechos básicos como la salud y la educación en una nueva Constitución es el anhelo de los millones de manifestantes que llevan más de tres semanas en las calles en Chile. Ellos piden el fin de la desigualdad y del modelo neoliberal implantado en la dictadura.

En un nuevo intento por aplacar la mayor crisis social de la historia de Chile y con un nivel de aprobación de apenas el 15%, el gobierno del presidente Sebastián Piñera se abrió a iniciar un proceso constituyente.

Un anuncio que fue recibido con cierto recelo en la sociedad, dado el eterno rechazo de la derecha a cambiar la Carta Magna.

Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental chilena es concebida como el origen de la gran desigualdad que afecta al país, ya que favoreció la privatización de sectores esenciales como la salud, la educación o las pensiones.

“El Estado cumple un rol subsidiario y siempre prevalece el negocio frente a los derechos básicos”, denunció Vicente Villalobos, quien solicitó un abultado crédito para acceder a la universidad y sueña con una educación gratuita y de calidad.

Para la terapeuta Carola Marín es poco creíble que Piñera, uno de los empresarios más ricos del país, quiera redactar una nueva Constitución porque sería “tirar piedras contra su propio tejado”, pues la Carta Magna fue elaborada para engrosar los bolsillos de la clases altas y “hacer a los pobres más pobres”.

“Hoy en día la gente se endeuda para comer y se muere porque no tiene dinero para ir al hospital”, agregó esta profesional de 40 años.

Ella acude cada tarde, desde el pasado 18 de octubre, a la Plaza Italia, la rotonda que se convirtió en el epicentro del estallido social chileno, que ya deja 20 muertos y miles de heridos y detenidos, además de denuncias por abusos policiales y torturas.

Pese a la reducción de la pobreza en las últimas décadas y a  las altas cifras de crecimiento económico, Chile ocupa los primeros puestos en las clasificaciones de los países más desiguales del mundo. Siete de cada 10 trabajadores perciben menos de $ 750 al mes y la mitad de los jubilados recibe una pensión mensual de $ 250.

“El sistema de pensiones actual es realmente salvaje y humillante”, aseguró el fontanero Luis Tureó, de 60 años, quien consideró que la nueva Constitución debe “prohibir los negocios con las pensiones” e implantar un sistema de reparto, opuesto a la actual capitalización individual.

“Chile no es ejemplo de nada”, añadió Javiera Gómez, para quien también es fundamental proteger constitucionalmente los recursos naturales, reconocer a los pueblos indígenas y garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.

Para expertos como Octavio Avendaño, profesor de Sociología de la Universidad de Chile, la única manera de conseguir un país más justo pasa por emular los modelos europeos y acabar con la concepción de un Estado subsidiario y con la sacralización del derecho de la propiedad.

Huelga general
Un centenar de organizaciones sociales participaron en una huelga general, a la que se unieron trabajadores de la salud pública, profesores, operarios portuarios y tercerizados del cobre, para presionar al gobierno de Piñera a que profundice las reformas sociales.

Los gremios exigen reformas al sistema de pensiones -heredado también de la dictadura- y que entrega pensiones bajas a la mayor parte de sus jubilados, por debajo del salario mínimo ($ 420).

También piden incrementar el presupuesto a la salud pública, donde se atiende el 80% de la población chilena, y el salario mínimo. Tras casi cuatro semanas de manifestaciones, el golpe a la economía ha sido fuerte, afectando especialmente al comercio y al turismo. (I)