El Gobierno chileno cree que el próximo año habrá menos protestas estudiantiles, debido a que, a su juicio, buena parte de las demandas han quedado satisfechas con el aumento de recursos para la educación, y considera que los "desafíos" en 2012 estarán relacionados con el tema económico.

Así lo expuso hoy en un encuentro con corresponsales extranjeros el ministro portavoz, Andrés Chadwick, quien consideró que las movilizaciones sociales, especialmente de los estudiantes de educación superior, fueron una de las situaciones más difíciles que le ha tocado vivir al Ejecutivo de Sebastián Piñera este 2011.

"Hemos sabido escuchar esas exigencias y demandas. Nos hemos comprometido en mejorar la calidad y la cobertura de la educación", argumentó.

A fines de noviembre, el Parlamento chileno aprobó el presupuesto de educación para 2012, con un aumento del 10 % respecto a este año, hasta los 12.000 millones de dólares, y un incremento de 300 millones de dólares de los fondos para becas de educación superior.

"Los desafíos extraordinariamente fuertes" que ha afrontado el Gobierno chileno este año seguirán estando presentes en 2012, pero ya no por motivos eminentemente sociales, sino económicos, debido al eventual impacto en el país de la crisis que afecta a los países desarrollados, especialmente a la Unión Europea.

Hasta ahora Chile exhibe unas cifras propias del país más avanzado de la región, que combinan un crecimiento cercano al 6,5 % con un 7 % de desempleo y un equilibrio macroeconómico y fiscal.

Pero las autoridades chilenas temen que la prolongación de la crisis internacional acabe afectando a un país de economía abierta, que tiene tratados de libre comercio con naciones que en conjunto representan el 86 % del producto interno bruto (PIB) mundial.

"Hemos sorteado bien la crisis, pero nos va a afectar de distintas formas", reconoció hoy el ministro Chadwick.

Para evitarlo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, está preparando un plan de contingencia que está dirigido, fundamentalmente, a proteger el empleo, uno de los principales logros del Gobierno de Piñera, que se precia de haber creado 560.000 nuevos puestos de trabajo en año y medio.

Para evitar la restricción de la liquidez, el Gobierno chileno prevé inyectar cuando se cierre este año un total de 2.700 millones al fondo de estabilización económico y social (FEES) y al fondo de reserva de pensiones (FRP).

Con ello, Chile dispondrá de unos 20.000 millones de dólares entre ambos fondos, a los que se suman los 36.000 millones de reservas internacionales del Banco Central.

Por otra parte, para 2012, el Gobierno chileno también confía en que ya esté en vigor un proyecto de ley que cuenta con un amplio apoyo parlamentario y que permitirá que 4,5 millones de ciudadanos (aproximadamente la mitad del actual censo electoral) pueda votar por primera vez.

De ser aprobada a tiempo, la inscripción automática y el voto voluntario podrían aplicarse por primera vez en la historia del país en los comicios municipales de diciembre próximo.

Según el ministro Chadwick, es imposible saber a ciencia cierta cómo se van a comportar estos nuevos electores, que mayoritariamente pertenecen a la franja de edad entre los 18 y los 35 años.

"Aquí no hay calculadora ni intereses ocultos; es muy difícil señalar cuáles serán las tendencias políticas" de los nuevos electores, argumentó.

Hasta ahora en Chile la inscripción era voluntaria, pero una vez registrados, los electores debían votar obligatoriamente so pena de ser multados.

La nueva ley, que esta semana podría ser aprobada por el Senado, supondrá "un cambio sustancial en el sistema político y electoral de Chile" y un notable incremento de la participación ciudadana, subrayó el ministro portavoz.

Preguntado sobre la elección ayer como nuevo presidente de la Corte Suprema del magistrado Rubén Ballesteros, a quien las organizaciones de víctimas de la dictadura repudian por el hecho de haber participado en consejos de guerra durante el régimen militar, el ministro Chadwick comentó que todos los jueces del alto tribunal han pasado por un proceso de calificación.

"A juicio del Gobierno todos están plenamente capacitados para ejercer el cargo de presidente de la Corte Suprema y relacionarse con la sociedad civil", puntualizó.