Va a toda velocidad. La semana pasada, Michelle Bachelet cumplió su segundo mes en la Presidencia y de las 50 medidas que prometió para los primeros 100 días de Gobierno, ya cumplió más del 40%. Entre los mayores hitos destacan las reformas estructurales: en el Congreso ya se discuten los cambios al sistema binominal de elecciones, la reforma tributaria y de educación, que presentó esta semana entre bombos y platillos. Tras el regreso a la democracia en 1990 luego de la era Augusto Pinochet, ningún gobierno de la Concertación había conseguido estos logros en poco tiempo.

Aunque aún falta un largo debate parlamentario, y también ciudadano, la reforma al cuestionado sistema educacional es la que ha generado más ruido y debate. Los cambios en el sistema de educación pública, causados desde la llamada “revolución de los pingüinos (estudiantes secundarios) durante la primera gestión de Bachelet (2006-2010) y como consecuencia de las masivas marchas universitarias durante el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), serán financiados mediante la reforma tributaria, cuyos alcances no están del todo claros, pero se espera recaudar al menos $ 8 mil millones.

Tras una larga espera, la Presidencia socialista presentó el lunes la reforma educacional, que calificó como “la más significativa en los últimos 50 años”. “Estamos instaurando garantías, estamos haciendo aquello que tanto repitieron nuestros estudiantes: la educación es un derecho y no un privilegio. El lucro, la selección y el copago con incentivos equivocados que combinadamente fomentan la segregación y las inequidades”, dijo Bachelet. Y ayer, en el tradicional mensaje presidencial del 21 de mayo, la mandataria profundizó y puso énfasis en esta reforma.

El sistema educativo chileno es herencia directa del régimen de Pinochet. En la década del 80 se establecieron cambios drásticos y se destruyó el sistema de educación pública. Entonces se estableció un sistema “universal” de elección de colegios a través de la subvención por alumno y la gestión del sistema público fue asignada a los municipios.

Según un estudio de la Universidad Católica, esto generó un problema de inequidad, desigualdad y calidad, ya que como consecuencia de la reestructuración se crearon 3 tipos de colegios: municipales (financiados por el Estado y gestionados por los municipios), particulares-subvencionados (financiados por el Estado y gestionados por privados) y particulares pagados (financiados y gestionados por el sector privado). En Chile, el 37,5% se educa en escuelas municipales, el 53,9% en particulares-subvencionadas y el 7,1% en colegios particulares. Unos 3 mil establecimientos del sistema público declaran tener fines de lucro.

Esta es la mayor crítica que hace el movimiento estudiantil, que no mira con tan buenos ojos la reforma de Bachelet y ha presentado serios reparos porque la propuesta del Gobierno no cambia el modelo educativo, que consideran es tremendamente injusto ya que beneficia solo a las clases más acomodadas.

En el país existe una enorme brecha en cuanto a desigualdad entre los colegios privados y públicos. Según un estudio de la Fundación Sol, la matrícula pública representa menos del 40% del sistema, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega a 90%.

Fin del copago

¿Cuáles son los ejes clave de la reforma educacional chilena? Como primera medida se pondrá fin al lucro en todos los establecimientos educacionales que reciban aportes del Estado; es decir, las escuelas municipales y particulares-subvencionadas. Los dueños de estos últimos establecimientos deberán ahora reinvertir los recursos en proyectos o programas para mejorar la calidad de la educación, que ha sido cuestionada por deficiente.

Para seguir recibiendo los recursos estatales, estos “sostenedores” tendrán que adecuarse a una nueva legislación y constituirse como corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro, en un plazo de 3 años. De esta manera, ningún colegio que reciba aportes estatales podrá lucrar.

El segundo eje es el fin del financiamiento compartido, que es la mensualidad que pagan las familias en los colegios municipales y particular-subvencionados. Así, el Estado aportará dinero para disminuir gradualmente el copago hasta que sea eliminado completamente. En un plazo de 3 años, este copago debería reducirse en forma drástica. Al mismo tiempo, a los estudiantes de las familias del 80% del país se les entregará una “subvención escolar”.

Fue la Concertación la que en 1993 implementó el sistema de copago. Sus críticos estiman que con esto se terminó la educación como un derecho social, ya que se puso énfasis en lo meramente económico y no en la calidad de la educación. Ello porque la calidad educativa que puede recibir un niño chileno depende de los ingresos que haya en su hogar.

Como tercer cambio, el proyecto de Bachelet contempla el fin de la selección escolar. Una vez que se ponga en práctica la ley, a los establecimientos educacionales se les prohibirá aplicar cualquier tipo de selección que genere discriminación por su condición socioeconómica o étnica. La idea es que las escuelas otorguen cupos a todos los estudiantes que hayan postulado y en caso de no existir vacantes, se privilegiará a quienes tengan hermanos en el colegio y a los alumnos más vulnerables.

En cuanto a las escuelas de excelencia, que en Chile se conocen como “liceos emblemáticos”, se pondrá como requisito para la admisión que los estudiantes pertenezcan al 20% de los alumnos de mejor desempeño escolar. Como cuarto eje figura otro proyecto de ley que debería crear una nueva carrera profesional docente.

Pero los principales dirigentes estudiantiles han dicho que tienen diferencias de forma y fondo con el Gobierno. “Se trata de regulaciones más que de consagrar la educación como derecho social”, señaló Melisa Sepúlveda, presidenta de la poderosa Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECH). “No hemos visto un cambio de paradigma”, repiten los líderes universitarios. Al mismo tiempo, los representantes de las escuelas secundarias calificaron el proyecto de Bachelet como “positivo”, pero “insuficiente”.