El fallo de la Justicia chilena que obliga al Arzobispado de Santiago a reparar económicamente a tres víctimas que sufrieron abusos por parte de Fernando Karadima, un influyente párroco que por décadas abusó sexualmente de niños y adolescentes, "no tiene precedentes y es histórico".

Así lo expresaron este miércoles los tres denunciantes, el sociólogo José Andrés Murillo, el periodista Juan Carlos Cruz y el médico James Hamilton, que aseguraron que este fallo abre "una luz de esperanza" para que la Iglesia católica responda por cada encubrimiento de abuso que haya podido cometer.

"Estamos conformes porque desde ahora la Iglesia tendrá que responder por los encubrimientos. Estos no pueden seguir siendo impunes", enfatizó Hamilton.

En ese sentido, sostuvo que este fallo sienta precedentes para que cualquier víctima pueda alegar contra el abusador y también contra la Iglesia como garante.

"Este fallo es algo histórico para el mundo porque se reconoce no solo que son garantes (la Iglesia) sino que también se reconoce una estructura de encubrimiento y eso, en otras parte del mundo, recién se está considerando", añadió.

Durante esta jornada se informó de que la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de primera instancia de marzo de 2017 que había rechazado la demanda y determinó que tanto Hamilton, como Cruz y Murillo reciban 100 millones de pesos (unos 147.000 dólares) cada uno.

Los tres presentaron el 3 de septiembre de 2013 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, dos años después de que fuera condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia y de que el proceso no avanzara en la Justicia penal, que aunque confirmó como verídicas las denuncias cerró el proceso sin condena por la prescripción de los hechos.

En una atiborrada rueda de prensa, Hamilton, Murillo y Cruz, este último a través de videoconferencia, fueron categóricos en señalar que han sido las víctimas la que han "forzado a la Justicia del Estado".

Hamilton sostuvo que "el Estado, en alguna manera, ha tenido en un gran abandono a las víctimas del cura Tato -en alusión al único sacerdote chileno que pagó con cárcel los abusos que cometió- y otras víctimas que han sufrido por décadas abusos sexuales por parte de personas relacionadas con el clero".

El Arzobispado de Santiago expresó minutos antes de la rueda de prensa, a través de un comunicado, que dicho fallo judicial "marca un paso importante" en el proceso de "restablecer la justicia y la confianza" en la Iglesia de Santiago.

La institución aseguró que no recurrirá en contra de la sentencia dictada, y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme.
Juan Pablo Hermosilla, el abogado de las tres víctimas, que presentaron esta demanda de forma conjunta, explicó que espera que esta notoria decisión "dé un ejemplo al resto del mundo".

"En Chile se dice que la Iglesia es garante, debe proteger y no puede seguir impune. Se acabó el ultimo enclave de impunidad en este país", enfatizó.

Las víctimas lo que consideran es que el próximo paso en este proceso judicial sea un fallo de la Justicia en el ámbito penal que "que cierre este círculo".

Respecto al arzobispo emérito de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, imputado por el presunto encubrimiento de abusos sexuales que han salpicado fuertemente en los últimos meses a la Iglesia católica y que hasta ahora no ha declarado personalmente frente a un juez, Cruz señaló que "vive en otro planeta".

"Me parece excelente que pronto tenga ir a declarar, con tantas causas en su contra, que se ha visto el tipo de encubrimiento y el tipo de persona que es y pronto espero que esté formalizado", aseveró.

El Ministerio Público indaga la participación de Ezzati, cuya renuncia fue aceptada por el papa Francisco la semana pasada, en los hechos imputados al excanciller del Arzobispado capitalino, Óscar Muñoz, formalizado por violación y abusos, y del sacerdote Jorge Laplagne, denunciado por un hecho que data del 2002.

Asimismo, está imputado presuntamente por el encubrimiento del cura Tito Rivera, quien debería ser formalizado el próximo 29 de marzo por un abuso que cometió al interior de la Catedral de Santiago en 2015.

Cruz, quien reside en Estado Unidos, señaló respecto de Ezatti que "está al otro lado del delirio".

Afirmó también que las autoridades de la Iglesia católica no quieren darse cuenta "que los fieles se han reducido a la mitad y que la credibilidad de la institución está por el suelo".

La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 219 religiosos chilenos en 158 casos de abusos sexuales contra 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de los hechos. (I)