Las heridas que dejó el golpe militar en Chile, del que este martes 11 de septiembre se cumplen 45 años, siguen sin cicatrizar.

Las Fuerzas Armadas se resisten a abrir sus archivos y el poder económico y político de los defensores de la dictadura siguen presentes mientras las víctimas reclaman justicia.

El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas -Armada, Fuerza Aérea, Ejército y Carabineros (policía)- perpetraron el golpe militar que acabó en el suicidio del presidente socialista Salvador Allende en el bombardeado palacio de La Moneda, poniendo fin al gobierno de la Unidad Popular, la primera coalición marxista que fue elegida en las urnas en América Latina.

La polarización de la sociedad, la dura crisis económica y la injerencia de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría abonaron el terreno para el éxito del golpe militar que dio paso a 17 años de cruenta dictadura del general Augusto Pinochet, con más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturados, entre ellos, la expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

La decisión de tres jueces de la Corte Suprema de conceder la libertad a siete violadores de los derechos humanos en la dictadura de Pinochet (1973-1990) el pasado julio ha puesto en pie de guerra a familiares de las víctimas y a políticos de izquierda, que han presentado una acusación constitucional por "notable abandono de deberes", al considerar que los magistrados incumplieron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad.

La Cámara de Diputados se pronunciará este viernes 14 de septiembre sobre la suerte de los tres magistrados, cuya decisión ha suscitado un enfrentamiento sin precedentes en los casi 30 años desde la recuperación de la democracia entre el poder legislativo y el judicial.

La renuncia, en agosto, del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, solo dos días después de asumir el cargo por calificar de "montaje" el Museo de la Memoria -que recuerda a las víctimas de la dictadura- sigue polarizando a una derecha condescendiente cuando no defensora del legado de Pinochet y de una izquierda que clama justicia para las víctimas.

Según Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), hay más de 1.500 causas abiertas sin que las Fuerzas Armadas hayan dado respuesta.

Y es que en aras de pasar página a este periodo negro, Lira considera que la Concertación, coalición de centroizquierda que asumió el poder en 1990, "negoció la democracia con Pinochet".

El dictador, que murió en diciembre de 2006 sin ser condenado, se mantuvo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y después senador vitalicio.

"Eso y el poder de la derecha, cómplice de la dictadura, hacen que se arrastre una vergonzosa situación política hasta hoy día", dice Lira. (I)