Tras seis meses de conflicto y con el diálogo con el Gobierno roto, los estudiantes chilenos se manifestaron hoy en Valparaíso para presionar al Congreso con el fin de que el presupuesto de 2012 incorpore avances en su lucha por lograr una educación pública gratuita.

Mientras los jóvenes marchaban por las calles, los líderes del movimiento se reunieron con los presidentes de las dos cámaras legislativas y con los líderes de los partidos de oposición, con miras a lograr un "acuerdo transversal" que dé respuesta a sus exigencias.

Aunque ya son más de 40 las jornadas de manifestaciones celebradas en todo el país, esta es la primera gran movilización convocada solo en esta ciudad portuaria, sede del Congreso y ubicada a unos 125 kilómetros al noroeste de Santiago.

Unos 8.000 manifestantes, según informaron a Efe fuentes de Carabineros (Policía militarizada), y al menos 15.000, según los organizadores, se dieron cita este miércoles para marchar desde la Plaza Sotomayor hasta el Parque Italia, a unas seis cuadras del Congreso.

Ese era el recorrido autorizado por la Intendencia (gobernación) regional, pero al arribar al Parque Italia, algunos asistentes insistieron en su intención de llegar hasta las puertas del Congreso y saltaron las vallas que se habían instalado para impedirlo.

Se produjeron entonces enfrentamientos entre jóvenes y Carabineros, que empleó carros lanzaaguas y gases lacrimógenos para dispersarlos.

Los disturbios se extendieron por varios puntos del centro de Valparaíso, cuyo casco antiguo es Patrimonio Cultural de la Humanidad, y ha habido nueve detenidos, aunque la cifra podría aumentar, según fuentes policiales.

Mientras tanto, los líderes estudiantiles volvieron a rechazar en el Congreso un consenso entre el Gobierno del conservador Sebastián Piñera y la oposición de centroizquierda "a espaldas de la ciudadanía", y pidieron un "acuerdo transversal" que dé respuesta a sus demandas.

Tras seis meses de conflicto, el debate está centrado en el Presupuesto, dado que el diálogo entre Gobierno y estudiantes quedó roto a principios de octubre.

El Ejecutivo propone un alza del 7,2 % en la partida de educación, hasta los 11.650 millones de dólares, de un total de 60.000 millones de dólares de gasto público previsto para el próximo ejercicio.

Para analizar esa partida se volvió a reunir hoy en el Congreso la Subcomisión Mixta, y se espera que sea mañana cuando la Comisión Mixta de Presupuestos aborde esas cuentas, que tienen que estar finiquitadas antes de que termine noviembre.

En el Congreso también estaba hoy presente el ministro chileno de Educación, Felipe Bulnes, que consideró "positivo" que los estudiantes dialoguen con los parlamentarios y busquen un acuerdo entre todas las fuerzas políticas.

Los universitarios, encabezados por los dirigentes Camila Vallejo y Giorgio Jackson, se entrevistaron por separado con los presidentes de la Cámara de Diputados, el oficialista Patricio Melero, y del Senado, el opositor Guido Girardi.

Al término de la cita, Melero admitió la "necesidad" de acometer las modificaciones que reclaman los jóvenes, pero consideró "importante que (el conflicto) entre en su cauce democrático y que estos cambios se hagan donde corresponde que se hagan, que es en el Congreso".

Por su parte, Vallejo, una de las caras más visibles de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), achacó a "todas las bancadas y sectores políticos" la responsabilidad de "atender y representar una demanda que es mayoritaria".

"Queremos consenso sí, pero de cara a la mayoría", apostilló.

Los universitarios y los secundarios también fueron recibidos por separado por los líderes de los cuatro partidos de la Concertación de centroizquierda, la coalición que gobernó el país entre 1990 y 2010 y que ha rechazado llegar a un acuerdo con el Gobierno sin tener en cuenta a los estudiantes.

Los jóvenes reclaman no solo un aumento de los recursos, sino una reforma completa al sistema vigente desde 1981, que redujo la aportación del Estado a la educación y la abrió a los privados, lo que encareció el coste para los alumnos, obligados a endeudarse para financiar sus estudios.

"Nosotros entendemos que si bien esta ley de presupuesto no va a tener todas las propuestas y demandas del movimiento estudiantil debe ser un llamado fuerte a que las demandas se acojan y no se olviden, porque eso puede tener coletazos muy grandes para nuestra democracia", señaló por su parte Jackson.