“Hoy las mujeres recuperamos un derecho básico que nunca debimos perder: decidir cuando vivimos momentos de dolor”, dijo la presidenta Michelle Bachelet a través de su cuenta en Twitter.

La mandataria no se refería a otra cosa que a la ley de aborto por tres causales que, tras casi tres años de una intensa discusión, fue aprobada por el Senado. Sin embargo, la oposición anunció que apelará al Tribunal Constitucional, que ahora tendrá la última palabra respecto a la ley de aborto.

Tal como ha ocurrido con las reformas estructurales llevadas adelante por el gobierno de Bachelet, el debate por esta nueva norma ha generado una profunda división en la sociedad chilena. En resumen, la medida -aprobada por 22 votos a favor y 13 en contra- implica la legalización del aborto por tres razones: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo tras una violación.

Chile es uno de los pocos países en el mundo occidental que no permite el aborto, aunque de todos modos es sabido que miles de casos se realizan de manera clandestina. Aunque no hay cifras oficiales, Naciones Unidas estima que en Chile se producen anualmente entre 60.000 y 70.000 abortos ilegales.

Según un informe del Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna (Melisa Institute), en Chile se llevan a cabo 18 mil abortos al año, aunque estimaciones de la Universidad de Chile hablan de al menos 100.000. De todos modos, el número podría ser incluso mayor.

Los cálculos del sector salud estiman que en Chile se producen anualmente hasta 140.000 abortos clandestinos. A nivel latinoamericano, la prohibición del aborto en Chile es comparable con lo que ocurre en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Haití.

La propia Bachelet ha dicho que unas 16.510 mujeres ingresan anualmente en los hospitales del país por embarazos de menos de 22 semanas relacionados con peligro para la vida de la madre o malformaciones del feto incompatibles con la vida. Al año se registran 500 muertes por malformaciones fetales.

Durante 58 años, entre 1931 y 1989, el aborto terapéutico fue legal en Chile. Eso, hasta que en 1988, en el penúltimo año del régimen de Augusto Pinochet, se prohibió de manera arbitraria la interrupción del embarazo. Desde entonces, Chile ha sido el único país de Sudamérica donde el aborto está penalizado sin excepciones.

A pesar de la luz verde que dio el Congreso, el sector liderado por el expresidente Sebastián Piñera, actual candidato de la derecha para las elecciones del 19 de noviembre, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional, un órgano autónomo del Estado que opera desde 1970 y que realiza control preventivo y posterior de preceptos legales. El TC está compuesto por 10 ministros. La oposición sostiene que la Constitución chilena protege el derecho a la vida y en ese punto sostendrán su argumento.

Por eso, la propia Bachelet escribió en su Twitter: “Confío en que el TC acoja la voz de la mayoría”. Incluso, la mandataria le respondió a una ciudadana que le escribió en su cuenta. “Creo que es la primera vez en cuatro años que Bachelet me da una noticia para aplaudir”, indicó Carla Moraga, a quien la gobernante le dijo: “Carla, las 3 causales tienen un amplio y transversal apoyo social”. El punto es que a partir de lo que resuelva el Tribunal Constitucional se abrirá otra discusión, incluso más amplia.

Según una encuesta reciente de radio Cooperativa, el 58% de los chilenos está a favor del aborto si hay malformación del feto, si corre peligro la vida de la madre o en caso de violación.

A su vez, el 20% se mostró a favor de la interrupción del embarazo en toda circunstancia y el mismo porcentaje se manifestó contra el aborto en cualquier caso. (I)

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56,3 millones de interrupciones de embarazo ocurren al año en el mundo

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 88% de los 56,3 millones de casos de aborto anuales en el mundo ocurre en países emergentes.

El dato impresiona porque esas naciones, en su mayoría, criminalizan el aborto. Lo que da cuenta -según el organismo- de cómo los intentos para frenar la práctica han demostrado ser ineficaces.

Una encuesta del Pew Research Center señala que 3 de 10 países alrededor del mundo permiten el aborto en caso de que la mujer simplemente lo quiera, mientras que el 40% de los países permite el procedimiento solo bajo las condiciones de preservar la salud física y mental de la madre (en casos de incesto o violación), malformación del feto o por falta de condiciones socioeconómicas para criar un hijo.

La ONG Amnistía Internacional destaca que Irlanda del Norte es el país que cuenta con la legislación más dura para el aborto en Europa. La mujer solo puede abortar si corre riesgo de vida. Incluso si el embarazo es fruto de una violación o incesto, el procedimiento aún es visto como delito y la pena es de prisión perpetua, tanto para la mujer como para quien realizó la operación.

En El Salvador, Centroamérica, también se aplican sanciones severas. Allí se registraron casos de mujeres que han sido condenadas hasta a 12 años de prisión por abortos espontáneos.

En tanto, en Asia, el Tribunal Supremo indio rechazó en julio la petición de aborto de una niña de 10 años víctima de violación porque los médicos consideraron que la intervención amenazaba su vida.

En contra, hay países emergentes que han legalizado la práctica, como Cuba y Uruguay, en América Latina; y ejemplos como el de Camboya, donde el aborto es legal desde 1997; y en Nepal, desde 2002. (I)