Las violaciones a los derechos humanos en el régimen de Augusto Pinochet aún son una herida abierta en Chile. En ese sentido, todavía hay procesos contra exmilitares, de tanto en tanto surgen pistas sobre el paradero de desaparecidos, confesiones sobre torturas y otros delitos, además de fallos judiciales, como el de esta semana.  

En una resolución dividida, la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia ratificó una sentencia de primera instancia que obliga al Estado chileno a indemnizar a 659 presos políticos en distintos períodos de la dictadura. El dictamen  aprobó el pago de una indemnización de tres millones de pesos chilenos, que equivalen a $ 4.400.

En un primer momento se pretendía compensar a las víctimas con $ 75.000 para cada uno. El fallo, que puede ser apelado, obliga al Estado de Chile a desembolsar, en total, $ 2,8 millones.

“Las acciones civiles aquí entabladas por las víctimas en contra del Fisco, tendientes a conseguir la reparación de los detrimentos ocasionados encuentra su fundamento en los paradigmas generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado a reconocer y proteger este derecho a la reparación completa”, señaló el fallo.

La Corte Suprema subrayó que en este caso las leyes del derecho internacional están por encima del derecho local, por lo que “no resultan adaptables a estos efectos las disposiciones de general aplicación, sobre prescripción de las acciones de que se viene tratando”.

Las personas que recibirán la indemnización fueron prisioneros políticos entre el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Pinochet, y el 10 de marzo de 1990, cuando Chile retomó su democracia.

Cifras oficiales sostienen que la dictadura dejó 40.018 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos, de los cuales 1.192 aún figuran como desaparecidos.

Por otro lado, esta semana también se concretó un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aumentó a cuatro años la condena a dos exmiembros de la Fuerza Aérea que tras el golpe de 1973 torturaron a Alberto Bachelet, el padre de la presidenta Michelle Bachelet.

La decisión judicial se basa en que “los elementos de juicio poseen la fuerza de convicción suficiente para concluir tanto la existencia del delito investigado en la causa, como la responsabilidad criminal que en ellos cupo a los procesados”. Así reza el fallo de la justicia chilena.

El general Bachelet era un oficial de la Fuerza Aérea en el tiempo del golpe y fue acusado de “traición a la patria”, por lo que fue torturado y enviado a la cárcel pública, donde falleció producto de un infarto en marzo de 1974 por la falta de atención médica.

Así, al oficial en retiro Edgar Cevallos se le aumentó de dos a cuatro años su pena, mientras que a Ramón Cáceres de tres a cuatro años. Ambos exmilitares torturaron al general Bachelet entre septiembre de 1973 y marzo de 1974.

Se comprobó que ambos inculpados “incurrieron en delitos de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles y no son sujetos de aplicación del perdón de la amnistía”, agregó el fallo.

De acuerdo a una investigación judicial, durante su detención en la Academia de Guerra, en la comuna  La Reina en las faldas de la Cordillera de los Andes en Santiago, el general Bachelet fue sometido “a tratos crueles, inhumanos y degradantes por oficiales y personal de la Fuerza Aérea”.

La presidenta Michelle Bachelet reveló en 2014 que fue detenida, torturada psicológicamente y golpeada físicamente durante la dictadura de Augusto Pinochet. (I)

DATOS

El Partido Comunista de Chile (PCCh) recordó a las víctimas de la dictadura, en especial a los detenidos-desaparecidos, al inaugurar su XXV Congreso Nacional que concluirá mañana.

En la lectura del Informe Central del cónclave, el presidente del PCCh, Guillermo Teillier, consagró un espacio a los 40 años de la desaparición de la dirección clandestina del partido, encabezada por Víctor Díaz y Fernando Ortiz.

Se refirió también al poeta y Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, y a los exsecretarios generales de la organización Luis Corvalán y Volodia Teiltelboim, así como a Gladys Marín, todos fallecidos.

Teillier subrayó que en los tiempos actuales en Chile y América Latina surge de nuevo un peligro de la asonada violenta contra los avances democráticos.