Si 2014 ha sido un año por lo menos agitado en Chile tras la aprobación de la reforma tributaria y la controvertida discusión sobre la reforma educacional –aparte de la desaceleración económica y asuntos pendientes como una nueva ley laboral y electoral- el 2015 será igual o más “movido”. Ello, porque para el próximo año está contemplado que comenzará el debate sobre una nueva Constitución, que los gobiernos de la Concertación heredaron del régimen de Augusto Pinochet.

A comienzos de semana, el gobierno de Michelle Bachelet anunció que la nueva Carta Magna será prioridad para 2015. Esta Constitución que data de 1980 es criticada por sus sesgos autoritarios y poco democráticos.

Este tema es especialmente controvertido y sensible en Chile, y no solo por el cambio constitucional, sino por el mecanismo que será utilizado. No está del todo claro si será el Congreso el órgano donde se discuta y que genere un acuerdo para una Constitución o si se podrían implementar instancias como una Asamblea Constituyente, algo menos probable.

La alianza oficialista Nueva Mayoría tiene mayoría en el Parlamento, pero no los votos suficientes para cambiar la Constitución. “Durante el próximo año iniciaremos el proceso democrático, participativo e institucional que nos permita formular una nueva Constitución”, afirmó el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo.

La propia presidenta aseguró que “habrá un proceso, como se dijo, participativo, legítimo e institucional, donde los temas de fondo son cuál es el tipo de país en el cual queremos vivir; cuál es la sociedad en que queremos vivir los próximos 50 años”.

Sube desaprobación

Pero de inmediato surgieron diferencias entre importantes figuras de la propia Nueva Mayoría, que ya ha comenzado a mostrar serias fisuras, especialmente por la reforma educacional. Mientras el senador democratacristiano Jorge Pizarro señaló que “la nueva Constitución no tiene por qué ser de golpe, puede ser gradual”, desde el oficialista  Partido Por la Democracia (PPD) se propuso que era más apropiado dejar toda esta discusión para 2016. De todos modos, esta última propuesta no tuvo eco en La Moneda.

El anuncio sobre lo prioritario que será para el gobierno el cambio a la Constitución en 2015 coincide con una encuesta en la que por primera vez, la desaprobación a Bachelet superó el umbral del 50%. De acuerdo con un sondeo de GFK/Adimark, el rechazo a la gestión de la Presidenta subió de 47% a 52% entre octubre y noviembre, mientras que la aprobación bajó de 45% a 42% en este mismo período. Otra encuesta, la del Centro de Estudios Públicos, reveló que el 38% aprueba la forma en que está conduciendo su gobierno, el nivel más bajo registrado hasta ahora tomando en cuenta los dos gobiernos de Bachelet. Pero lo más llamativo es el creciente rechazo de muchos chilenos a las reformas del gobierno, ya que la mayoría votó a favor de Bachelet y sus reformas. Nada menos que el 56% rechaza la reforma educacional, el nivel más alto registrado hasta ahora, mientras que el 51% está en desacuerdo con la reforma tributaria, un nivel inédito.

Todas estas cifras son vistas como un fuerte llamado de atención para Bachelet, que de todos modos mantiene intactos sus principales atributos: el 69% considera que es respetada por los chilenos, el 61% que cuenta con liderazgo, el 58% que es activa y enérgica, mientras que el 57% piensa que es creíble. También, el gobierno resultó bien evaluado en su política exterior (71% aprueba), pero sólo el 37% ve con buenos ojos el manejo de la economía.