Pese a los 33 grados registrados el sábado pasado en Santiago, una de las temperaturas más altas de la temporada cuando ya finaliza el verano, miles de chilenos salieron a las calles del centro de la ciudad para participar en la “Marcha de todas las marchas”, la primera gran manifestación que enfrenta el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. El evento reunió a 180 mil personas, según cifras de los organizadores (25 mil de acuerdo con la Policía local) y en lo más alto del pliego de peticiones se situó la exigencia para que el país tenga una nueva Constitución.

Durante su campaña electoral, Bachelet prometió una nueva Carta Magna, en reemplazo de la Constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet. La actual Constitución chilena fue aprobada en 1980 en un plebiscito realizado en medio de violaciones a los derechos humanos, en un marco de represión política. Si bien durante la gestión del presidente socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se concretó una serie de cambios constitucionales, la mayoría de los chilenos está disconforme con la Carta Magna.

La principal crítica es que la actual Constitución consagra un sistema electoral llamado binominal, que le asegura representación a las minorías y no a las mayorías. Vale decir, si en una ciudad de Chile postulan dos listas de diferentes partidos, son electas las dos primeras mayorías de cada lista. Para algunos se trata de un sistema poco democrático, ya que las personas electas deberían ser las que obtienen un mayor número de votos. En este punto, la idea de Bachelet es que la nueva Constitución transforme el sistema electoral y recoja “los principios básicos de una democracia representativa”. En ese sentido, en su programa de gobierno, la Presidenta propone la sustitución del sistema binominal para las elecciones parlamentarias “por uno de representación proporcional”.

Si bien la actual Constitución consagra tradiciones republicanas y derechos individuales, la propia Bachelet reconoce que la mayoría de los chilenos desconfía de la Carta Magna. Aparte del sistema binominal y el rechazo a la “democracia protegida”, en varias de sus disposiciones la Constitución de Pinochet exige una mayoría de 4/7 en el Congreso para reformar votaciones en temas clave, como educación, partidos políticos y Fuerzas Armadas. Por eso, ningún gobierno de la Concertación (ahora llamada Nueva Mayoría) pudo llevar a cabo reformas de fondo, como sí pretende concretar Bachelet.

Las personas que se manifestaron en la multitudinaria marcha del sábado quieren que la nueva Constitución contemple propuestas como el matrimonio igualitario, aborto terapéutico, educación gratuita, pública y de calidad; legalización de la marihuana, autodeterminación de los pueblos indígenas y un nuevo código laboral. Una de las propuestas es que la futura Carta Magna se concrete vía una asamblea constituyente, tal como en su momento lo hicieron naciones como Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia.

En su campaña presidencial, Bachelet dijo que la idea es que el debate sobre la nueva Constitución se dé en el marco del Congreso, pero ahí la Nueva Mayoría no cuenta con los votos necesarios para concretar el proyecto. Si aquello fracasa, no se descarta la convocatoria a una asamblea constituyente. En Chile, se piensa que ese tipo de asamblea decantará en un organismo con representantes populistas y poco instruidos, algo que los partidarios de esta instancia descartan completamente.

En las primeras semanas de gobierno, Bachelet se ha concentrado en la agenda educacional y el proyecto de reforma tributaria que enviaría la próxima semana al Congreso.