Ya es una realidad, palpable prácticamente en cada esquina del centro de Santiago, pero también en otros puntos del país, especialmente en el norte: la llegada de miles de nuevos inmigrantes a Chile, que actualmente alcanzan los 500.000.

Estas personas han tenido que lidiar con un escenario que les ha sido ajeno y no solo por las inclemencias del clima y los terremotos, sino que también porque muchos inmigrantes sufren discriminación o abuso de poder por parte de las propias autoridades locales. A los inmigrantes también se suman los  extranjeros que cada año visitan el país.

Ya es habitual que en los hogares chilenos uno de los temas de conversación sea el importante flujo de inmigrantes que llega al país. Hasta hace poco, Chile era la única nación de Sudamérica sin población negra (o “de color”), pero ahora es frecuente ver a ciudadanos colombianos, haitianos y dominicanos, atendiendo restaurantes, gasolineras, peluquerías o ejerciendo los más diversos oficios. Por eso, el fenómeno migratorio es visible y cada vez menos ajeno. Lo mismo ocurre con los visitantes y turistas extranjeros. En 2016, unos 5,6 millones de extranjeros visitaron Chile, todo un récord.

En medio de este fenómeno, desde 2010 hasta ahora las autoridades chilenas han expulsado a 22 extranjeros basadas en un controvertido ítem de la Ley de Extranjería. Se trata del artículo 15 que data de 1975, dos años después de que Augusto Pinochet iniciara su dictadura, y que permite que puedan ser expulsados del país “quienes propaguen o fomenten de palabra o por escrito, o por cualquier otro medio, doctrinas que tienden a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”.

Quienes se muestran críticos con esta ley, sostienen que ese artículo permite una interpretación que no va en la línea del “Chile actual” y que discrimina a los extranjeros. En ese sentido, con esta normativa no solo es legal expulsar del país a quienes hayan cometido un atentado explosivo, como ocurrió con un ciudadano ecuatoriano en 2010 y otro peruano en 2011, sino que la figura de “perturbar el orden público” genera una amplia interpretación y acciones a las que incluso se ha opuesto la propia justicia.

Por eso es que el gobierno de Michelle Bachelet está ahora tramitando una nueva Ley de Extranjería para eliminar este polémico artículo. Especial controversia han generado siete casos ocurridos entre 2015 y 2016, según dio cuenta el diario La Tercera de Chile, en los que se acusó a ciudadanos provenientes de Argentina, Venezuela y Perú de alterar el orden en un recinto deportivo, por lo que fue aplicada la figura de Ley de Violencia en los Estadios y luego la expulsión del país.

Sin embargo, podría bastar que un inmigrante insulte a otro o a algún chileno y que producto de eso se produzca una pelea que a su vez altere el orden en un estadio de fútbol para que pueda aplicarse el artículo de 1975. Es decir, queda a criterio de la autoridad fiscalizadora y del Ejecutivo la expulsión del país. (I)