Una señal de unidad. Eso intentó dar ayer la presidenta Michelle Bachelet al recibir en La Moneda a los líderes de los principales partidos políticos chilenos, 2 días después de un atentado con bomba en la estación Escuela Militar del Metro de Santiago que dejó 14 heridos y una profunda incertidumbre entre los chilenos. La mandataria socialista insistió en que los autores del bombazo, que aún se desconocen, tienen como fin desestabilizar el sistema democrático.    

El atentado terrorista ocurrió en una semana especialmente sensible en Chile, ya que hoy se cumplen 41 años del golpe militar que derrocó a Salvador Allende en 1973. De hecho, no pocos temen que lo ocurrido en el Metro no sea el último bombazo. En lo que va del año se han registrado 29 y en los últimos años más de 300, aunque el del lunes fue el primero con víctimas y a una hora de gran afluencia de público (14:00).    

A esto se suma lo ocurrido la noche del martes, cuando una bomba de ruido estalló en un supermercado en la ciudad de Viña del Mar –provocando un lesionado-, mientras que ese día la policía debió realizar otros 17 operativos antibombas. “Este es un tema de Estado. Frente a temas de esta naturaleza la unidad del país siempre es muy importante, porque lo que buscan algunos grupos con este tipo de actos no es desestabilizar un determinado gobierno sino un sistema democrático”, afirmó Bachelet, que también habló sobre la necesidad de realizar cambios legislativos urgentes para enfrentar el terrorismo.

Lo que se está discutiendo en Chile es la controvertida Ley Antiterrorista, que data de los años 80 y que fue implementada por la dictadura de Augusto Pinochet. La Concertación ha realizado una serie de modificaciones, pero el gobierno de Bachelet se ha negado a aplicarla en el marco del conflicto mapuche en el sur del país. No obstante sí la invocó después del atentado en el Metro.

Tras el encuentro con los partidos políticos en la sede de gobierno, el ministerio del Interior –del cual depende la seguridad en Chile- anunció “el respaldo de todas las fuerzas políticas” para cambiar la Ley Antiterrorista. También la idea es reformular la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) para otorgarle más atribuciones operativas, porque el contexto de la década del 90 ha cambiado.

Hasta el propio expresidente de centroderecha, Sebastián Piñera, llamó a combatir “con férrea unidad y total firmeza el terrorismo”. A su vez, el exmandatario Ricardo Lagos dijo que el daño que se le hace al país es enorme.   

Muchos chilenos no ven con buenos ojos a los organismos de inteligencia debido al recuerdo latente de la represión política de Pinochet. Algunos diputados han planteado que la ANI pueda efectuar tareas encubiertas y tener informantes sin necesidad de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Esto es rechazado por el Partido Comunista, reprimido por Pinochet y que ahora forma parte de la alianza oficialista Nueva Mayoría.

La apuesta del gobierno es que la Ley Antiterrorista solo penalice a los grupos organizados que lleven a cabo una acción terrorista y no a personas individuales. Ya antes del atentado una comisión técnica estudiaba modificar la normativa vigente. Actualmente se debe acreditar que el móvil del delito haya sido provocar miedo en la población para categorizarlo de terrorista. Esto se eliminaría. En vez de aquello se deberá probar la figura de “la asociación ilícita terrorista”.

Los expertos sostienen que es más sencillo probar que varias personas actuaron de manera organizada y que la bomba no fue colocada por un solo individuo.

Al mismo tiempo, se está evaluando pasar de testigo sin rostro a testigo protegido, modificación inspirada en la normativa de Estados Unidos. En el primer caso, la defensa del imputado no tiene derecho a conocer la identidad del testigo, por lo que no se puede contrapreguntar o saber si cuenta con antecedentes penales. En el segundo caso se cambia el nombre del testigo y se le entrega protección en un lugar seguro.

Uno de los fiscales a cargo de la investigación del bombazo, Raúl Guzmán, dijo que se pidió colaboración a organismos internacionales y que se están investigando personas en particular, como también agrupaciones antisistema y anarquistas. Estos últimos han reivindicado algunos bombazos en el último tiempo. Hasta la tarde de ayer no se había concretado ninguna detención. No solo se sospecha de grupos anarquistas, sino también de funcionarios de la dictadura.

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Germán Quintana –que forma parte de la Nueva Mayoría de Michelle Bachelet- señaló que deben atenderse todas las hipótesis para esclarecer el atentado, incluido el hecho de que se trate de “reactivaciones de grupos o de células de exagentes de la dictadura”.

El gobierno dispuso medidas adicionales para evitar que hoy se produzcan desórdenes u otro bombazo en el marco del aniversario 41 del golpe.