Era una de las últimas ‘herencias’ del régimen de Augusto Pinochet: el sistema binominal, que desde el regreso de la democracia en Chile, en 1990, permitió que solo 2 bloques políticos mantuvieran la hegemonía de la política chilena, con un particular método de elección de autoridades no proporcional y que además generó una sobrerrepresentación de algunos sectores y la imposibilidad de que los partidos más pequeños llegaran al Congreso.

En un fallo histórico y luego de 19 horas de debate parlamentario, el sistema binominal tiene sus días contados en Chile. El Senado aprobó el miércoles el fin de este antiguo sistema de elecciones, muy criticado por la Concertación (Nueva Mayoría), porque posibilitó durante años que la derecha, teniendo un tercio del electorado, controle la mitad del Legislativo.

El fin del sistema binominal es un triunfo para el gobierno de Michelle Bachelet, ya que otros gobiernos concertacionistas, como el de Ricardo Lagos, también habían prometido ponerle punto final a esta metodología, sin resultados positivos. De todos modos, la administración del centroderechista Sebastián Piñera intentó modificar sin éxito el binominal. Pese al ambiente de triunfalismo que reina en las filas del oficialismo, parte de la sociedad plantea que la Concertación nunca quiso cambiar el binominal, porque también se beneficiaba del sistema.

La idea del proyecto que fue despachado del Senado a la Cámara de Diputados, donde la Nueva Mayoría cuenta con los votos suficientes para su aprobación final, plantea un sistema de elecciones ‘proporcional inclusivo’. En la votación de la Cámara Alta, al oficialismo se sumaron dos senadores independientes de centroderecha.

“El cambio al sistema binominal es sin duda un avance enorme. Tener un sistema como el que vamos a tener en nuestro país va a permitir una mejor representatividad y tener más y mejores ideas en el Parlamento”, dijo Bachelet. Por su parte, la presidenta del Senado, Isabel Allende, indicó que “vamos a tener más candidaturas, más competencia. Estamos ampliando la democracia (…) hemos logrado algo histórico que solamente hemos conseguido después de haber esperado 25 años”.

La reforma, prometida durante la campaña de Bachelet pone fin al método instaurado en 1989, en las postrimerías de la dictadura, y que fue diseñado para mantener la hegemonía que los dos principales bloques políticos: Concertación de centro-izquierda y Alianza de centro-derecha.

El binominal operaba de la siguiente manera: en un distrito resultaban ganadores las 2 primeras mayorías de 2 listas distintas. Sin embargo, esto podía generar que un candidato resultara electo con muchos menos votos que uno que finalmente no era electo al ser segundo en su lista. Para que 2 candidatos de la misma lista resultaran electos, debían doblar a los rivales de la lista de la competencia, algo muy poco probable.

Esto, además, hacía prácticamente imposible que llegaran al Congreso los candidatos independientes. Pero lo más cuestionable era que finalmente no lograba imponerse la mayoría electa democráticamente. Así, hasta ahora, en Chile no ha operado el “una persona un voto”, excepto en las elecciones presidenciales.

Cambios en el camino

El nuevo proyecto establece una serie de cambios entre los que destacan la incorporación del método D’Hondt como la fórmula electoral, el cual utiliza una técnica de coeficiente que permite obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas, en proporción a los sufragios conseguidos.

Esta fórmula es ampliamente usada a nivel mundial y distribuye los asientos entre las listas con más apoyo, pero no necesariamente entre los candidatos más votados a nivel individual, lo que ya ha generado críticas.

Por ejemplo, si durante una elección 5 listas disputan 6 escaños, el total de votos de cada pacto será dividido por la cantidad de vacantes de manera progresiva (total dividido primero por 1, luego por 2 y así sucesivamente hasta 6 en este caso), ordenándose de mayor a menor las preferencias y obteniéndose de este cálculo quiénes ganan los cupos.

Para los independientes, la propuesta considera que para ser válidas sus candidaturas será necesario contar con “un número de ciudadanos igual o superior al 0,5% de los que hubieran sufragado en la circunscripción o en el distrito respectivo, en la anterior elección periódica”. Adicionalmente, se aprobó que los candidatos sin afiliación puedan asociarse a partidos políticos en las elecciones y también cada lista pueda llevar hasta un candidato más que la cantidad de vacantes existentes.

Respecto a la formación de nuevos partidos, el proyecto convino que serán aceptados como tales los que se hayan constituido legalmente en al menos una de las regiones del país y se requerirá que se afilie al menos un “0,25% del electorado que hubiere sufragado en la última elección de diputados en cada una de las regiones donde esté constituyéndose”.

Otro de los cambios incorporados dice relación con la cantidad de senadores y diputados, aumentando de 32 a 50 y de 120 a 150, respectivamente. Esto implica una redistribución de los distritos y circunscripciones electorales, considerándose para ello tanto el número de habitantes como el área del terreno.

La ley promueve un sistema de cuotas, estableciendo un tope de un 60% de candidatos del mismo sexo por cada partido. La Cámara de Diputados votaría el proyecto el 20 de enero, donde se estima que no se harán modificaciones, siendo promulgado antes del 31 del mismo mes.