En septiembre y luego de la ola de bombazos que generó conmoción en Santiago, la presidenta Michelle Bachelet anunció que la controvertida ley antiterrorista, que data de la era de Pinochet, sería modificada. En este marco, el primer borrador de la nueva normativa será enviado en los próximos días al Congreso.

El propósito es castigar con mayor dureza a los autores de atentados como el registrado en septiembre contra la estación de Metro Escuela Militar en la capital chilena (que dejó 14 heridos), pero también establecer con claridad qué es terrorismo y qué no es.

La ley antiterrorista chilena fue promulgada en 1984, en medio de una de las épocas de mayor represión de la dictadura de Pinochet. En aquel entonces, el régimen militar enfrentaba una ola de protestas y una severa crisis económica. En 1991, tras el retorno de la democracia a Chile, la ley fue modificada principalmente en sus aspectos más ideológicos, pero para muchos siguió siendo una normativa “excesiva”.

En los últimos años, la ley antiterrorista se ha aplicado en el marco del conflicto mapuche en el sur del país. Antes de los “bombazos” en Santiago, Bachelet se había negado a convocarla, precisamente por las críticas que genera. No por nada, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exigió la reforma de la ley, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó revocar una serie de condenas contra comuneros mapuches.

Pero ¿Qué dice la ley? La normativa contra el terrorismo endurece las condenas a delitos establecidos en el Código Penal, como incendio, homicidio o secuestro, llegando a doblar las penas de cárcel. Además, permite el uso de “testigos sin rostro”, extiende el período de prisión preventiva y restringe el acceso a medidas cautelares.

El plan del gobierno de Bachelet es que los delitos que se pudieran considerar como terroristas deben ser imputados a organizaciones o “asociación ilícita terrorista”. Esta nueva figura señala que estos grupos deben buscar “subvertir el orden democrático y constitucional” o “arrancar las decisiones de la autoridad” a través de hechos violentos. Además, estas agrupaciones deben tener aunque sea una mínima capacidad de recursos para poder llevar a cabo sus intenciones.

Al mismo tiempo, la nueva ley  perseguirá a los responsables de financiar estas actividades terroristas y contemplará los “testigos protegidos”, como ocurre en Estados Unidos.

Otro de sus párrafos incluirá que no será requisito el número de integrantes de la “asociación terrorista”. Eso sí, debe cumplir con ser un grupo constituido, con una cierta duración en el tiempo. Incluso, podría bastar que la agrupación esté integrada por solo dos personas. De todos modos, la nueva ley tendría una cláusula especial que castigaría a personas individuales. Esto, se habría pensado tomando en cuenta que las últimas bombas habrían sido colocadas por una sola persona en algunos casos.

La primera víctima fatal de los atentados

Uno de los cambios más importantes de la nueva legislación será que incluirá el concepto de “ánimo de causar temor en la población” como un componente para configurar el delito terrorista, pero no como su causa principal como sostiene la ley vigente. La oposición, liderada por el partido Renovación Nacional, también presentó su propuesta. Sus ejes principales son ampliar los casos en los que delitos de homicidio, secuestros, lesiones graves o atentar contra vehículos de transporte pasen a considerarse como terroristas; de que los delitos sean terroristas más allá de si lo comete una sola persona; y que el Ministerio Público tenga nuevas facultades como autorizar el despliegue de agentes encubiertos e informantes. Este último punto es especialmente sensible en Chile. Parte importante de la izquierda aún tiene el trauma de los organismos de inteligencia y seguridad que operaron durante la era de Pinochet. En todo caso, el gobierno ha dicho que los agentes encubiertos cumplirán un estricto rol profesional.

En cuanto a la bomba que le explotó a su supuesto autor en un barrio céntrico de la capital el 25 de septiembre pasado, los padres del joven Sergio Landskrom, de 29 años, dijeron esta semana que su hijo solo recogió una mochila con el artefacto explosivo y que otro individuo fue que la colocó, tal como mostraron las cámaras de seguridad. Por ello, la fiscalía descartó la participación de Landskrom en el atentado. El joven se convirtió así en la primera víctima fatal de los atentados en Santiago. Por este caso, el gobierno invocó la ley antiterrorista.