Los nueve bolivianos detenidos hace tres meses en territorio chileno acudirán el próximo martes a una audiencia decisiva, en la que eventualmente se podría optar por una ‘vía abreviada’.

Este paso judicial clave ocurre en un delicado momento diplomático, después de que el presidente boliviano, Evo Morales, denunció el miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) supuestas torturas sufridas por los funcionarios bolivianos.

Como en tantas otras ocasiones, la respuesta del gobierno chileno encabezado por Michelle Bachelet no se hizo esperar. “Creo que es un insulto hablar de torturas en un país como Chile, que conoce bien lo que fue la tortura. Acá hubo más de 35.000 torturados y presos políticos (durante la dictadura de Augusto Pinochet), y que se haga propaganda con eso representa una falta total de credibilidad de este gobierno boliviano que no nos asombra casi nada en lo que dice”, afirmó el canciller chileno Heraldo Muñoz, en una inusual declaración.

El ministro boliviano de Justicia, Héctor Arce, no solo denunció ‘torturas’, sino también ‘actos vejatorios, crueles e inhumanos que jamás debían existir de parte de un Estado hacia funcionarios civiles y militares de otro Estado con el que dicen querer tener buenas relaciones’.

El incidente ocurrió el 19 de marzo pasado, cuando siete soldados y dos funcionarios bolivianos fueron arrestados por la policía chilena cuando supuestamente pretendían robar un camión en la frontera entre ambos países. Chile sostiene que los uniformados y el personal boliviano fueron sorprendidos cometiendo un robo en el área entre Colchane, en la región de Tarapacá, y la frontera con Bolivia.

Según la versión chilena, la detención se produjo casi dos kilómetros dentro de su territorio, cuando los ciudadanos bolivianos se disponían a interceptar a un camión conducido por un chileno, con personas a bordo, una de las cuales logró escapar y alertó a la policía. Bolivia sostiene que el arresto se produjo al oriente del poblado de Unidas La Queca, 500 metros antes de la frontera con Chile, en territorio boliviano. Desde entonces, el arresto tensionó más la relación entre ambos países, que no poseen vínculos diplomáticos desde 1978.

Los ciudadanos bolivianos permanecen en prisión preventiva en la cárcel de Alto Hospicio, en la provincia de Iquique, en el extremo norte de Chile. La semana pasada, cinco de los nueve detenidos declararon ante la fiscalía chilena. Los ciudadanos bolivianos respondieron las preguntas hechas por el fiscal Hardy Torres y mostraron su disposición a colaborar con el Ministerio Público. Además, en sus testimonios reafirmaron su inocencia.

Claudio Vila, abogado defensor de los nueve funcionarios aprehendidos ha desestimado que los imputados admitan responsabilidad en los ilícitos que se les imputan: contrabando, robo con intimidación y tenencia ilegal de armas. “No existe ningún acuerdo para que admitan responsabilidad en alguno de los tres cargos por los cuales se les formalizó ni tampoco por ingreso ilegal a Chile. Estamos confiados en el resultado de la defensa”, afirmó Vila.

Sin embargo, la incertidumbre sobre la aceptación de un juicio abreviado se mantiene. Esto porque Sara Rada, la madre de uno de los detenidos, declaró que los ciudadanos bolivianos habrían decidido de manera unánime aceptar que habrían traspasado la frontera, pero que rechazarían los otros cargos. “Van a aceptar el proceso abreviado, porque no se sabe con exactitud si cuando fueron capturados estaban en territorio boliviano o en el chileno. Ellos son inocentes y no cometieron ningún delito”, aseguró la mujer al diario paceño La Razón. (I)