Baltasar Garzón apoya juicio a instigadores del golpe de 1973 en Chile
El ex juez español Baltasar Garzón apoyó hoy que se enjuicie a los instigadores del golpe militar que Augusto Pinochet encabezó en Chile en 1973, porque a su juicio la investigación de los crímenes no debe limitarse a los autores materiales.
Los instigadores "también deben ser investigados", dijo Garzón a periodistas que le preguntaron por la resolución de un juez chileno que este viernes aceptó una querella presentada por familiares de las víctimas de la dictadura contra quienes conspiraron para se concretara en Chile el golpe de Pinochet.
La resolución fue dictada por el juez especial Mario Carroza respecto de una querella presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).
"Cuando se investiga un crimen se investiga a los autores materiales, a los intelectuales y a los cooperadores necesarios para que ese crimen se produzca", precisó el exmagistrado, que en octubre de 1998 logró que Pinochet fuese detenido en Londres, donde el dictador debió permanecer hasta marzo del año 2000.
Según Garzón, cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, más grave que la acción de quienes han cometido el hecho en sí mismo es la de quienes "idean, gestionan o financian" el crimen.
"Por lo menos su propia responsabilidad es tan grave como la de los meros ejecutores y por lo tanto es claro que tienen que ser investigados", afirmó Garzón, que habló con los periodistas tras participar en la jornada de Clausura del II Congreso del Futuro, que organizó el Senado chileno.
La querella que investigará el juez Carroza en Chile pide investigar el eventual delito de asociación ilícita de parte de quienes conspiraron para que se perpetrara el golpe de Estado que encabezó Pinochet para derribar el gobierno de Salvador Allende.
Según la acción judicial, los instigadores del golpe dieron paso a un serie de delitos de lesa humanidad cometidos bajo la dictadura (1973-1990), durante la cual murieron unos 3.200 chilenos a manos de agentes del Estado, de los que unos 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos.
Además, según se estableció oficialmente, unas 33.000 personas fueron torturadas y encarceladas por causas políticas.
El II Congreso del futuro se prolongó durante tres jornadas de debates, análisis y exposiciones que tuvieron como centro la ciencia, la tecnología, las humanidades y la ciudadanía y contó con la participación de expertos chilenos e invitado extranjeros.