Aunque las principales agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) calificaron la medida como “insuficiente”, sí hay consenso en Chile de que la nueva Subsecretaría dedicada a este tema y creada esta semana por la presidenta Michelle Bachelet, era algo esperado, una deuda pendiente.

El objetivo de esta entidad gubernamental será unificar todos los programas y políticas que tiene el Estado para difundir, asegurar y promover el respeto a los Derechos Humanos.

“La única manera de no repetir los hechos del pasado es aprender de esas lecciones y en ese sentido el rol que puede jugar la memoria histórica es importante”, afirmó la Mandataria durante un acto en La Moneda, en el que participó el cantautor Ángel Parra y familiares de las víctimas. A juicio de la gobernante socialista, el “nunca más” a la represión del Estado y a las violaciones a los Derechos Humanos debe reafirmarse en la conservación de los lugares donde miles de chilenos sufrieron torturas y abusos, “y también desde el patrimonio intangible del testimonio de las víctimas”.

La propia Bachelet, víctima de la represión de la dictadura, llamó en septiembre a los chilenos para que rompan los pactos de silencio que, según ella, han encubierto las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1990). Las cifras oficiales en Chile sostienen que el régimen de Pinochet dejó 40.018 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos, de los cuales un millar siguen desaparecidos.

Comité coordinará acciones

La nueva Subsecretaría de Derechos Humanos dependerá del Ministerio de Justicia y tras la ley firmada por Bachelet se creará un Comité Interministerial, presidido por la titular de Justicia. Este organismo tendrá como atribuciones promover la no discriminación arbitraria, educación en Derechos Humanos y la presencia de estos en programas de perfeccionamiento de los funcionarios del Estado.

Pero lo principal, según destacó el gobierno, es que esta Subsecretaría promoverá la investigación y el castigo de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el régimen de Pinochet, además de la preservación de la memoria histórica relacionada con esta materia.

La semana pasada, un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos –que opera de manera autónoma- señaló que a 25 años del retorno a la democracia en Chile, el país mantiene “desafíos pendientes” en cuanto a la justicia para castigar a los represores. Además, este estamento criticó el secreto que por 50 años pesa sobre los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas en la Comisión sobre prisión política y tortura que trabajó en 2003.

Desde 1990 a la fecha, 1.373 exagentes de la dictadura han sido acusados y condenados por la justicia, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, de ese total, solo 117 cumplen penas de presidio, en su gran mayoría en la cárcel especial de Punta Peuco –en las afueras de Santiago- con una serie de privilegios.

En ese sentido, luego de la ceremonia en la que se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos, Bachelet aseguró que ya está próximo a entrar en vigor un nuevo reglamento sobre establecimientos penitenciarios, relacionado con las violaciones a los Derechos Humanos. Así, la nueva normativa permitirá que la justicia concrete restricciones de los beneficios carcelarios a los condenados.

Entre los cambios destaca el hecho de que el Consejo Técnico de Gendarmería -que vela por la seguridad en las cárceles- deberá aprobar de forma unánime y no por mayoría la solicitud de cualquier beneficio intrapenitenciario. “Debemos ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios penitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a Derechos Humanos. Estamos trabajando en indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inamnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio”, recalcó Bachelet. (I)