En la jerga futbolística sería el segundo tiempo, pero tomando en cuenta que ya gobernó entre 2006 y 2010, se trata más bien de una suerte de “tercer período” de la gestión de Michelle Bachelet. Para sorpresa de muchos y mientras los chilenos aún disfrutaban del histórico triunfo obtenido en la Copa América, la presidenta socialista anunció la segunda fase de su mandato (2014-2018), que incluye el “reordenamiento” de las reformas más emblemáticas dado a conocer el año pasado.

En medio de un escenario de desaceleración económica -inflación superior a la prevista, alza del dólar, mayor desempleo y caída en el precio del cobre-, Bachelet informó al país que las reformas clave de su gobierno -educacional, tributaria, laboral y avances en materia de salud- tendrán que ajustarse a la realidad económica. Es decir, si bien las reformas se implementarán, dependerán del crecimiento económico y de los recursos que reciba el Estado.

El anuncio de Bachelet ha generado reacciones contrapuestas. Así, mientras la izquierda advirtió que la jefa de Estado no podrá cumplir con las promesas de su campaña y con el programa de gobierno de la Nueva Mayoría, parte del oficialismo y también la oposición ha celebrado el “mea culpa” o “reconocimiento” que hizo la mandataria, en medio de un nuevo escenario económico.

Todo esto se da en momentos en que la popularidad de Bachelet se ha derrumbado producto de los  casos de corrupción política que han afectado a diversos sectores políticos, pero también al círculo familiar de la propia presidenta.

Bachelet cuenta con el 27% de aprobación, que en Chile es un nivel bajo y el 68% de rechazo. Esto se suma al aumento al 6,6% del desempleo, la caída del pronóstico de crecimiento este año de 3,6% a 2,5% y una reducción de los ingresos tributarios en lo que va del año en cerca de $ 700 millones.

Bachelet fue clara: aunque la reforma “ya esté aprobada”, hay que ver la forma cómo se implementa.

Estas cifras dieron pie para que el gobierno concretara un nuevo enfoque fiscal. Sucede que con la reforma tributaria se esperaba recaudar $ 8.200 millones, de los cuales $ 5.000 millones serían destinados a poner en marcha la reforma educacional. Pero no podrá concretarse, al menos en el corto plazo. Entre sumas y restas por la situación económica que vive el país se prevé que la recaudación tributaria llegue a $ 7.000 millones. El gobierno reconoció una caída de $ 1.800 millones en el Producto Interno Bruto con que se elaboró la Ley de Presupuestos vigente.

El costo de los distintos proyectos educativos (alrededor de $ 13.000 millones) supera incluso la totalidad de la recaudación que se había estimado. Algunos analistas y los sectores más críticos de la gestión de Bachelet sostienen que esto era previsible, pero que el gobierno intentó poner en marcha las reformas estructurales de forma apresurada. Por ejemplo, solo el proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección comprometía un desembolso de $ 1.692 millones. A su vez, la carrera docente -el proyecto para los profesores- tiene un costo superior a $ 2.300 millones.

Para alcanzar la gratuidad universal en la educación superior se necesitan más de $ 4.500 millones. Este es precisamente el principal problema que tiene Bachelet ahora porque fue una de sus promesas de campaña.

El gobierno ha confirmado que la gratuidad para el 60% de los estudiantes más pobres en la educación superior se implementará en 2016, pero ahora se revisará si se podrá cubrir hasta 2018 al 70% más vulnerable, tal como prometió Bachelet en mayo. Para 2020, la presidenta espera cubrir el 100% de la matrícula, algo improbable.

Bachelet ha dicho que actuará con “realismo”, pero “sin renuncia” a sus reformas emblemáticas, “identificando los ajustes necesarios”. “No sirvo para darme por vencida”, aseguró.

En cuanto a la gratuidad en educación universitaria, la mandataria dijo: “Yo reitero mi compromiso de no detener el avance hacia la gratuidad universal a pesar del escenario económico adverso”.

Para Camila Vallejo, exlíder estudiantil y actual diputada del Partido Comunista, “la gratuidad universal se debe cumplir y para eso no debe haber excusas. Chile crece poco porque su economía fue entregada al chantaje empresarial”. “No hicimos el cálculo adecuado, pero ahora debemos salir adelante”, reconoció el senador de la Nueva Mayoría, Ricardo Lagos Weber, hijo del expresidente Ricardo Lagos.

En cuanto a salud, la mandataria dijo que su compromiso será tener 20 hospitales edificados al final de su mandato, como prometió en la campaña electoral, mientras que 20 se construirán y otros 20 deberían estar en proceso de licitación para 2018. (I)