Dos leyes que prohíben el financiamiento de las empresas a campañas políticas y que fijan una mayor regulación a los partidos fueron promulgadas este lunes por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.

Las iniciativas forman parte de una "Agenda de probidad" lanzada por el gobierno socialista de Bachelet para hacer frente a varios casos de corrupción a través de aporte ilegal de empresas a políticos tanto del oficialismo como de la oposición.

"Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia. No queremos para Chile una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada por el dinero", dijo Bachelet en la ceremonia de promulgación de las nuevas normativas.

"Estamos dejando el poder del dinero fuera de la política", agregó la mandataria.

La primera iniciativa, la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral.

Fija también nuevas restricciones para la propaganda electoral, junto con establecer la pérdida del escaño de quienes cometan infracciones graves a la ley electoral.

La segunda iniciativa, en tanto, regula el funcionamiento de los partidos políticos, supervisando sus elecciones internas y estableciendo una cuota de género de un 40% para los candidatos que presenten en las elecciones.

"Con estas nuevas leyes, las reglas del juego de la política chilena cambiaron, son más exigentes, más transparentes y con prohibiciones claras", dijo Bachelet.

Durante 2015 se destaparon en Chile varios casos de financiamiento ilegal de políticos por parte de empresas como la minera Soquimich, el grupo económico Penta o la pesquera Corpesca, entre otros.

En la mayoría de los casos se usaron facturas falsas o por servicios no prestados para justificar los gastos y rebajar con ello impuestos desde sus contabilidades. (I)