La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó este viernes un proyecto para que políticos que infrinjan las normas de gasto y transparencia electoral pierdan sus cargos, en medio de escándalos por el financiamiento ilegal de campañas.

La actual legislación no establece esta medida en caso de comprobarse que políticos no respetaron la ley electoral.

"Como servidores públicos debemos ponernos una vara más alta y asegurar que sólo los que están dispuestos a actuar según los intereses de Chile estarán en los más altos puestos de la nación", dijo Bachelet.

La mandataria envió este proyecto de ley que debería regir en las próximas elecciones en medio de sonados casos de financiamiento ilegal de campañas políticas, a través de la entrega a empresas privadas de boletas por servicios no prestados.

Hasta ahora la justicia investiga por este procedimiento al grupo económico Penta y a la minera Soquimich, con al menos dos senadores opositores vinculados a este mecanismo ilegal de financiamiento y una decena de políticos y asesores investigados.

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La entrega de boletas por servicios no prestados supone una defraudación al fisco, ya que las empresas descuentan los montos de estos recibos en sus declaraciones de impuestos.

En paralelo a este escándalo, Bachelet enfrenta también un sonado caso de eventual corrupción, por una millonaria compra y venta de terrenos que realizaron su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su esposa, Natalia Compagnos.

Ambos son investigados por el "uso de información privilegiada" y "tráfico de influencia" en una transacción que dejó cerca de cinco millones de dólares en ganancias.

El caso derribó la popularidad de Bachelet, que ronda ahora el 30%, lo más bajo de sus dos períodos de gobierno.

Bachelet también mandató a una comisión de expertos para que proponga leyes que regulen los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción. (I)