Para el presidente estadounidense Barack Obama la reforma al sistema de salud, conocido como Obamacare, ha sido su proyecto estrella, mientras que para el mexicano Enrique Peña Nieto, los cambios en el sector energético quedarán en la historia. En Chile, Michelle Bachelet quiere ser recordada como la Presidenta que combatió la desigualdad, mediante dos ejes clave: la reforma educacional y la reforma tributaria.

La semana pasada, el gobierno socialista de Bachelet alcanzó un acuerdo fundamental con la oposición para que los cambios al sistema de recaudación de impuestos vean finalmente la luz, tal como lo prometió cuando asumió La Moneda por segunda vez en marzo pasado.

A pesar de que el conglomerado oficialista Nueva Mayoría (ex-Concertación) tenía los votos suficientes en el Congreso para que la reforma tributaria se aprobara sin mayores contratiempos –la Cámara de Diputados la ratificó por mayoría-, en el Senado se llevó a cabo una serie de negociaciones para incorporar parte importante de los aspectos más cuestionados por la oposición de centro derecha. Así, se aprobó un protocolo de acuerdo entre ambos bloques, que se deberá concretar antes del 7 de agosto.

La reforma tributaria pretende recaudar $ 8.200 millones (3% del PIB) para los programas sociales de Bachelet y, por cierto, para la reforma educacional. “Que los que ganen más paguen más y que las empresas tributen más” ha sido la idea del gobierno de la Nueva Mayoría. La reforma tributaria generará grandes cambios. Al menos eso es lo que espera el Ejecutivo chileno, mientras que los contribuyentes temen que se vea afectado su bolsillo. La clase media está especialmente temerosa, al igual que las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, las personas que decidan vender sus casas por menos de $ 400 mil no pagarán impuestos. A su vez, en el caso de las mineras, que hoy pagan un 20% de impuestos por sus utilidades y un 5% de royalty, esta regalía aumentará hasta un 14%, por lo que las mineras podrían llegar a pagar un 32% de impuestos. Y si envían el dinero al país de origen de la minera extranjera, podrían llegar a pagar hasta 44%. Al mismo tiempo, habrá un sistema integrado con atribución de renta, con una tasa de primera categoría a las utilidades de las empresas que subirá de 20% a 25% en cuatro años. Un segundo sistema permitirá que dos tercios de las utilidades reinvertidas en la empresa se utilicen como crédito de las rentas personales.

Política de los consensos

Más allá de los aspectos técnicos, sectores que ven con buenos ojos al gobierno de Bachelet, pero que no forman parte del proyecto de la Nueva Mayoría, han criticado el hecho de que la Presidenta optó por la ‘política de los consensos’ al negociar con la oposición la reforma tributaria. La política de los acuerdos se concretó a comienzos de los 90, cuando Chile recuperó la democracia tras 17 años de dictadura de Augusto Pinochet. En ese momento -y pese a ser mayoría- la Concertación optó por negociar con la oposición de derecha aspectos fundamentales que rigen hoy a la sociedad chilena: sistema de educación, Isapres, pensiones y un largo etcétera.

Precisamente esa es una de las críticas que se le hace a la Concertación: que no modificó el sistema neoliberal heredado de Pinochet, al optar por el consenso.

En la campaña de 2013, Bachelet y la Nueva Mayoría reconocieron que ya era hora de que en Chile gobernara la mayoría, aunque respetando a la minoría. Pero aclararon que si bien a las minorías se les tomaría en cuenta, este sector no gobernaría, como ocurrió en los 90 y en la década de 2000. Por eso es que tras el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la oposición por la reforma tributaria, las redes sociales ardieron con mensajes como ‘¿Para qué votamos, si los que van a decidir están fuera del Congreso?’, en clara alusión al empresariado que movió sus hilos para que se modificaran algunos aspectos de la reforma.

De inmediato, el Gobierno salió a defender su estrategia y recordó que cuando en 1971 se aprobó la nacionalización del cobre durante la administración de Salvador Allende (1970-1973), el proyecto no era menos bueno porque contara con los votos de la derecha de aquella época. “Las transformaciones que estamos impulsando requieren mayorías sólidas. Una base amplia de apoyo hacen más viables los cambios en el tiempo y que esto no dure solo por un gobierno”, afirmó el vocero presidencial, Álvaro Elizalde, en un encuentro con la prensa extranjera en Santiago.

También el Gobierno ha dicho que diversos mecanismos de la reforma permitirán que se reduzca la evasión de impuestos en al menos $ 1.400 millones. Otro aspecto importante es la eliminación del Fondo de Unidades Tributarias (FUT), un sistema cuyos críticos sostienen que ha servido para evadir impuestos.

El actual sistema establece que los dueños de una empresa solo pagan impuestos cuando las utilidades son repartidas. Pero si esto no ocurre, los recursos quedan en el FUT, permitiendo que sean usados para reinvertir en las compañías. La reforma de Bachelet propone que los dueños de las compañías ahora paguen por el total de las utilidades y no solo por las que retiran.

“Los objetivos de la reforma tributaria están absolutamente resguardados: se termina con el FUT, se avanza en un sistema tributario más progresivo y se mejora la distribución del ingreso”, ha dicho el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien calificó el protocolo de acuerdo para la reforma como un paso ‘histórico’. Al mismo tiempo, los economistas de Wall Street y de la banca de inversión que sigue a Chile, respiraron aliviados porque se volvió a la política de los acuerdos gracias a lo que suscribieron la semana pasada funcionarios del Gobierno y una transversal Comisión de Hacienda del Senado.

Tras la aprobación de la reforma tributaria, el Gobierno se enfocará en los cambios al sistema educativo, los cambios al sistema de elección de alcaldes y congresistas, y no se descarta que se intensifique el debate para una Asamblea Constituyente.

Datos

La reforma tiene como objetivo recaudar $ 8.200 millones por el alza de impuestos a las empresas, a sus dueños y socios, y la reducción de la evasión tributaria.

El 80% de la recaudación proyectada se alcanzará recién en 2017, porque la reforma aportará el 54% de los $ 15.100 millones que cuesta el programa íntegro del gobierno de Bachelet.

La reforma también contempla introducir impuestos ligados al cuidado del medio ambiente, gravámenes con los que el Ejecutivo estima una recaudación en torno a los $ 162 millones.