El fin de semana, tal como ha ocurrido desde comienzos de año en el barrio de Estación Central de la capital chilena, se realizó una nueva fecha del campeonato de fútbol Inmigrantes de Santiago. Esta vez, el duelo estelar se disputó entre Cruz Azul, integrado por inmigrantes haitianos, y Caimanes Fútbol Club, de jugadores mayoritariamente venezolanos.

Los haitianos ganaron por 2-1. En otro lugar de la ciudad, en el diamante del Estadio Nacional, decenas de inmigrantes provenientes del Caribe juegan béisbol, mientras otros tantos viajan al aeropuerto internacional para recibir a sus compatriotas, especialmente haitianos, que llegan en dos vuelos chárter semanales desde Puerto Príncipe.

Aunque estas tres postales ilustran caras positivas de la inmigración en Chile, un ‘fenómeno’ que está en el tope de la agenda política en el país, la situación de los extranjeros es mucho más compleja. En este marco, la presidenta Michelle Bachelet anunció a comienzos de semana una propuesta para regular los flujos migratorios.

Se estima que en Chile viven 500.000 inmigrantes, una cifra récord e histórica para un país poco acostumbrado a este tipo de flujos migratorios.

Según cifras que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que va del año, 44.000 haitianos han ingresado al país, cifra que ya supera a los 30.000 que arribaron en 2016.

El número de migrantes se ha duplicado en los últimos 10 años y se disparó a 470.000 el año pasado, de acuerdo con información del Departamento de Migración. Las comunidades que más han crecido han sido la de colombianos, que subió de 2,4% a 6,1% en 10 años, y también los haitianos.

De todos modos, en términos numéricos, Perú es el país que lidera las cifras y es la principal colonia, con 130.000 peruanos, que representan el 31,7% del total de extranjeros. En otras palabras, uno de cada tres inmigrantes en Chile es peruano, seguido por los argentinos (16,3%). En tercer lugar figuran los bolivianos (8,8%) y más atrás colombianos (6,1%) y ecuatorianos, que representan al 4,7%.

En el caso de los ecuatorianos, el porcentaje se ha mantenido estable: en 2005 eran el 5,1% del total de extranjeros, en 2010 el 5% y ahora el 4,7%.

En este panorama y ante las crecientes críticas de la oposición de derecha en cuanto a que el país no está regulando de la manera adecuada su flujo migratorio, Bachelet anunció una iniciativa que contempla un registro nacional de extranjeros, una serie de nuevas exigencias para ingresar y trabajar en Chile y medidas para poner freno a la inmigración ilegal.

“Estamos dando un paso importante para la convivencia en Chile”, anunció la mandataria. “Tenemos que preparamos mejor, contar con información fiable para hacer buenas políticas públicas y tener reglas claras para todos. Crear las condiciones para que junto con hacer respetar nuestra soberanía podamos enriquecernos con la presencia, trabajo y cultura de quienes vienen de otras latitudes”, agregó en una ceremonia en el Palacio de La Moneda.

Bachelet explicó que su plan tiene cuatro ejes: un sistema de derechos y deberes; regulación de ingreso y salida de migrantes; un proceso administrativo sancionatorio y medidas para evitar el tráfico de personas.

Se estima que más de 200.000 extranjeros viven de manera irregular en el país. También diversos organismos han dado cuenta que la inmigración ha aumentado 5% anual, entre 2010 y 2015.

Por eso, la idea de Bachelet contempla, en la práctica, distintos tipos de visa. Hoy, un extranjero puede ingresar al país con visa de turista, que después de diversos trámites puede extenderse hasta por seis meses. En parte importante de los casos, una vez que se ingresa como turista, los inmigrantes que consiguen trabajo pueden regularizar su situación, pero muchos siguen trabajando con visa de turismo.

A eso precisamente es lo que apunta el proyecto del Gobierno, a separar las visas de turismo con las estrictamente laborales. De esta manera, habrá visas de turismo y otra de visitante hasta que los inmigrantes puedan optar a un permiso de residencia definitivo.

Este nuevo tipo de visado para visitantes está dirigido a estudiantes, a personas que realizan actividades académicas y a quienes desean trabajar. Tendrá una duración de un año, prorrogable por otro, pero al ingresar al país deberán especificar que requieren ese tipo de visa y no la de turista.

“Chile es un buen país para vivir, trabajar o estudiar. Es por eso que seguirá llegando gente que anhela realizar sus proyectos en nuestra tierra, ya sea porque su país atraviesa una situación crítica, ya sea por motivos personales”, concluyó la presidenta Bachelet, que insistió en que los inmigrantes tienen derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la salud y educación. (I)