En su campaña electoral en 2013, Michelle Bachelet se comprometió a implementar una serie de reformas estructurales, tanto en educación, como en materia fiscal, además de cambiar la Constitución, heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Las dos primeras reformas se desarrollaron en la primera parte del gobierno de la presidenta socialista chilena. Mientras que el cambio de la actual Carta Magna podría ver la luz ahora, al final del mandato que culminará en marzo de 2018.

En plena campaña electoral con miras a las elecciones presidenciales del 19 de noviembre, el gobierno de Bachelet anunció que el proyecto de ley para una nueva Constitución podría ser enviado al Congreso, aunque quizás entre la primera vuelta y el balotaje, programado para el 17 de diciembre. De inmediato, la oposición acusó a la administración bacheletista de intentar influir en la contienda presidencial.

El llamado proceso constituyente ha tomado tiempo. En enero pasado, la Mandataria recibió un resumen de las discusiones que hubo en los ‘cabildos ciudadanos’ como parte del trámite.

En esa instancia participaron 204.000 chilenos y situaron la democracia, la justicia, educación y salud como derechos básicos. “El mejor remedio al escepticismo y al pesimismo es la evidencia, y aquí está: en la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122; en la Constitución de 1980, 12. Y en este proceso, 204.402 personas”, anunció Bachelet.

De todos modos, una cosa es el envío del proyecto al Parlamento sobre la base de la participación ciudadana y otra es el mecanismo institucional que definirá la nueva Constitución. La idea de la Presidenta es dejar ‘amarrado’ el proceso para la nueva Carta Magna.

El envío del proyecto de ley se retrasó, porque la idea del gobierno es cumplir con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los países a consultar a los pueblos originarios cada vez que se adopten medidas que puedan afectarlos o beneficiarlos de manera directa. (I)