Una comisión especial que investigó las violaciones de los derechos humanos cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet certificó 30 casos de desapariciones y ejecuciones y 9.800 de torturas que hasta ahora no figuraban en los registros, informaron hoy fuentes oficiales.

La presidenta de la Comisión, María Luisa Sepúlveda, entregó hoy al presidente Sebastián Piñera el informe del trabajo realizado desde que el 10 de febrero pasado la entidad volvió a estar activa.

"Esperamos que este (nuevo) informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación", aseveró el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Sepúlveda dio a conocer algunos aspectos del informe, cuyo contenido se hará público cuando el gobierno, que debe aprobar la entrega de beneficios compensatorios a las víctimas, lo estime conveniente, dijeron a Efe fuentes gubernamentales.

Se recibieron 32.000 solicitudes, de las que fueron certificadas 9.800 de torturas y 30 de desapariciones o ejecuciones de opositores a Pinochet a manos de agentes del Estado, según dijo la presidenta de la Comisión tras reunirse con Piñera.

Respecto de los casos rechazados, Sepúlveda dijo que se trata de personas "que estaban fuera de mandato por no ser víctimas directas" y que en otros casos, "no se pudo probar la motivación política o hubo falta de pruebas para acreditar la información presentada".

La cifra de certificaciones fue calificada de "aberrante" por Mireya García, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), por cuanto supone apenas un tercio de los casos presentados, según dijo en declaraciones a Efe.

"Son cifras aberrantes, puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70 por ciento del total es absurdo, ilógico" dijo a Efe García, a cuyo juicio es probable "que no se haya tomado en cuenta la globalidad de las circunstancias en que ocurrieron los hechos".

Sobre esa base, la dirigente consideró "indispensable" hacer una nueva revisión de los casos, porque el resultado "no cumple con las expectativas de una sociedad que ha esperado tanto para presentar sus denuncias y tener justicia".

En el primer informe de la Comisión, difundido en noviembre de 2004 por el entonces presidente Ricardo Lagos, se dio cuenta de 28.459 casos de prisión política y tortura, que se sumaron a 2.279 desapariciones y ejecuciones por causas políticas que certificó la Comisión Rettig en 1991.

En esta oportunidad, no habrá plazo para reconsideración de casos y las nuevas víctimas reconocidas podrán acceder a los beneficios establecidos por las leyes de reparación.

El ministro Ribera dijo que Piñera "agradece y valora el trabajo que ha realizado la comisión" e insistió en su esperanza de que el informe "contribuya a la paz y la reconciliación".