Las nueve personas que murieron, entre ellas dos niños, y 78 heridos que hubo durante las protestas efectuadas hace un par de semanas en Venezuela -según datos recientes de la Fiscalía- llevaron a la Asamblea Nacional a instalar una comisión, prevista para ayer,  que investigará las supuestas responsabilidades del líder opositor Henrique Capriles.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz, que dio un balance de los hechos de violencia que siguieron a los comicios del 14 de abril, ganados por el heredero político de Hugo Chávez por un escaso margen de 1,8 puntos porcentuales, dijo que entre los nueve muertos dos niños de 11 y 12 años fallecieron en el estado Zulia. Explicó que ocurrió cuando un grupo de seguidores del chavismo fue embestido por un camión en “una acción cargada de odio”.

Otros hechos se dieron, según Ortega Díaz, en el este de Caracas y en los estados de Sucre, Barinas, Carabobo, Mérida y Táchira.

La comisión, que iniciará su sesión cerca del mediodía,  “determinará responsabilidad por hechos violentos dirigidos por Capriles”, indicó la Asamblea en un mensaje de Twitter y divulgado por la televisora oficial. Más allá de esa información no se dieron detalles de quiénes integrarían la comisión o hasta cuándo se extenderán sus trabajos.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro, cuyos simpatizantes controlan la Asamblea, ha responsabilizado a Capriles de presuntamente haber ordenado a sus seguidores desde el mismo día de las elecciones atacar sedes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, así como puestos de salud y mercados populares.

Y es que después de que el órgano electoral CNE emitiera los resultados de las elecciones, desconocidos por el opositor Henrique Capriles, “se hicieron llamadas a través de algunos medios de comunicación, de las redes tales como Twitter y otras, mediante mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle”, aseguró la fiscal Ortega Díaz.

Estas llamadas “condujeron a un sector de la ciudadanía a agredir a otro con la falsa creencia de que el CNE (Consejo Nacional Electoral) no era imparcial”, agregó.

Tras denunciar 3.200 “incidencias” (irregularidades) en el proceso electoral, Capriles llamó a sus seguidores a protestar pacíficamente frente a las oficinas electorales regionales, donde ocurrieron los disturbios. Esa situación llevó a Maduro a desautorizar la protesta convocada  para ayer en Caracas.  

Capriles, entonces llamó a sus simpatizantes a replegarse y “descargar esa arrechera” sobre una olla, con una cuchara, para hacer resonar la ciudad durante las noches. La orden se cumplió de lunes a viernes de la semana pasada.

Capriles, un abogado de 40 años, resta importancia a los señalamientos y sostuvo que estos son mentiras del oficialismo, que hasta ahora no ha demostrado evidencias de que al menos ocho personas murieron, entre el 15 y 16 de abril, en distintos puntos del país y que hayan sido víctimas de ataques opositores. “¡La mentira es el refugio de los cobardes! El gobiernito desesperado sembrando???, no podrá con la mayoría de los venezolanos”, dijo Capriles en su cuenta de Twitter.

Anteriormente Capriles fue investigado por la Asamblea. A inicios de febrero de este año una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, unicameral) empezó una investigación en su contra y de  un alcalde opositor como parte de las pesquisas tras las denuncias del oficialismo por supuesta corrupción del partido Primero Justicia (PJ).

“Aquí hay un concierto para delinquir en el que está involucrado el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, así como Capriles Radonski y los fondos de su campaña electoral. A ellos también los estamos investigando”, dijo el vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la AN, Jesús Montilla.

Montilla indicó que Capriles, ex candidato presidencial y gobernador del estado Miranda (centro), fue incluido en las investigaciones que se activaron  después de que el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, denunciara supuestos actos de corrupción cometidos por tres diputados del PJ, al que pertenece el líder opositor.

Maduro dice que los "fascistas" piensan eliminarlo "físicamente"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió ayer que los “fascistas” piensan en eliminarlo “físicamente” y denunció que “entre Miami y Centroamérica hay quienes están pagando para ver quién se atreve a hacerlo”.

“Yo no exagero si digo que estos fascistas que son capaces de ordenar disparar contra un pueblo son capaces y deben estar pensando eliminarme físicamente, no es ninguna exageración, no es ningún extremismo decirlo”, afirmó Maduro en una ceremonia transmitida por el canal estatal.

Durante el acto de transmisión de mando de la Guardia de Honor Presidencial, el general Alexis José Rodríguez Cabello, que fue condecorado con este cargo, señaló que “seguramente otra vez  tratan de banalizar estos temas” e indicó que un supuesto plan en su contra “no debe ocurrir”, dijo.

El pasado 6 de abril Maduro, entonces presidente encargado y candidato del oficialismo, denunció que un grupo de mercenarios pagados por “la derecha salvadoreña” había entrado al país con la intención de matarlo y de generar violencia y culpó a funcionarios estadounidenses de estar detrás del supuesto plan.

“Primer objetivo de este grupo mercenario es incrementar la violencia en las principales ciudades del país cometiendo homicidios bárbaros. Segundo objetivo, incrementar el saboteo del sistema eléctrico, y un tercer objetivo matarme a mí”, afirmó.

Ayer el mandatario tenía previsto participar en una reunión con ministros y gobernadores con el fin de discutir los planes de desarrollo a ejecutar en esta nueva etapa de gobierno en el Palacio de Miraflores en Caracas (Venezuela). En esa que lo acompaña un nuevo equipo del gabinete que él mismo formó y denominó “Gobierno de calle”.

ESTADO DE EMERGENCIA FUE DECRETADO PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO

El Gobierno venezolano decretó el martes estado de emergencia durante 90 días para el sistema eléctrico nacional, que incluye la militarización de las instalaciones para enfrentar lo que llamó “sabotaje” interno.

El decreto estableció como “zonas de seguridad” las instalaciones con el objetivo de garantizar que el servicio no tenga interrupciones. El vicepresidente Jorge Arreaza sostuvo una reunión con el llamado Estado Mayor Eléctrico, a cargo de las máximas autoridades, y dijo que se tomaron medidas para resolver el problema de los apagones y el racionamiento, que es una queja permanente de los usuarios en distintas localidades.

El propio jefe de Estado, Nicolás Maduro, denunció durante la campaña electoral que el sistema fue objeto de acciones de sabotaje de la derecha y que tras las investigaciones fueron detenidos bajo sospecha unos 50 trabajadores. “El Gobierno evitará todo tipo de sabotaje y se dedicará a resolver el problema eléctrico estructuralmente”, señaló Arreaza.

En los últimos años la distribución de electricidad en Venezuela se ha convertido en uno de los principales problemas que afectan a la población.