El hacinamiento crítico y las "condiciones deplorables" marcan el panorama penitenciario

Las cárceles de Uruguay atraviesan una situación de hacinamiento "crítico", siendo el país con el mayor número de presos por habitante en América del Sur y uno de los diez primeros a nivel mundial.

Con más de 16.000 reclusos, de los cuales el 40% cumple penas menores a dos años, el sistema penitenciario enfrenta un colapso que se traduce en "condiciones de vida deplorables, violencia y falta de control en los centros de detención".

El informe de la Oficina del Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario uruguayo alerta que este problema no tiene solución a corto plazo sin una reestructuración profunda.

Deficiencias en salud y educación: un futuro sombrío para la reinserción social

Además del hacinamiento, las cárceles uruguayas se ven afectadas por una atención deficiente en salud y la falta de oportunidades educativas para los reclusos. Según el informe, las condiciones carcelarias actuales son la fuente de muchos delitos futuros, y la seguridad pública no podrá mejorar sin un sistema penitenciario que priorice la rehabilitación y cuente con los recursos necesarios.

Desde 2018, el problema del hacinamiento ha empeorado, superando la capacidad de alojamiento, a pesar de la construcción de nuevas cárceles.

El diagnóstico crítico de las prisiones en Uruguay no es nuevo. Instituciones nacionales e internacionales han advertido sobre las condiciones inhumanas en los centros penitenciarios, caracterizadas por un entorno violento, la falta de higiene y una atención médica inadecuada.

Además, la posibilidad de corrupción dentro del sistema representa otro reto que compromete los esfuerzos de rehabilitación y afecta al gasto público.

Rediseño integral y nuevas políticas: ¿una posible solución a la crisis?

Para abordar esta crisis, se sugiere un rediseño integral del sistema penitenciario, promoviendo medidas alternativas a la prisión para delitos menores y programas de reinserción post-carcelaria.

Entre las propuestas, se incluyen una política diferenciada para mujeres, la creación de un programa nacional de educación en cárceles y el desarrollo de un módulo específico para la salud mental de los reclusos.

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