La presidenta chilena, Michelle Bachelet, retomó esta semana sus funciones en La Moneda tras sus vacaciones de verano, pero su retorno justo coincidió con una serie de aluviones que el fin de semana dejaron al menos tres muertos y ocho desaparecidos. “La naturaleza parece no darle tregua a nuestro país”, afirmó la mandataria, haciendo alusión a los incendios forestales que en enero afectaron a casi 600.000 hectáreas. En ambos casos, estos desastres han revelado la precariedad de los servicios de emergencia, la lenta respuesta de las autoridades, pero también las falencias en la provisión de agua potable tras la privatización de este recurso -y servicio- en años anteriores.

Varios ríos, entre ellos el Maipo, -clave para la alimentación de agua potable en el Gran Santiago- fueron afectados por una serie de potentes aluviones producto de una lluvia tropical en zonas cordilleranas, fenómeno muy poco frecuente en esta época del año. Uno de los lugares más afectados fue el Cajón del Maipo, ubicado a una media hora de Santiago que es destino frecuente para respirar aire limpio, realizar caminatas y probar uno de sus muchos restaurantes.

Como los aluviones coincidieron con el último fin de semana en que los chilenos disfrutaron sus vacaciones de verano, muchos se encontraban haciendo camping precisamente en zonas como el Cajón del Maipo. “Fui con mi hija pequeña a disfrutar del fin de semana. Era un día de sol. Pero a la noche del sábado todo cambió, llegó el aluvión y por suerte no nos ocurrió nada. Tuvimos que dormir dos noches en mi auto, sin poder cambiarle pañales a mi bebé. Pasamos mucho frío. Recién pudimos regresar a Santiago el martes”, cuenta a EL TELÉGRAFO Carolina Aguirre, de 38 años. “Más encima, cuando regresamos a casa, todavía tenían cortada el agua”, agrega.

Producto de los aluviones, las empresas sanitarias dejaron de suministrar agua potable durante el fin de semana pasado, afectando a prácticamente dos millones de personas solo en Santiago. La medida fue recibida con aceptación en un comienzo, pero con el paso de las horas esto se transformó en un creciente malestar y en fuertes críticas por el servicio y la reposición de este suministro básico. “Si fuera un servicio del Estado todos reclamarían, pero como es privado, las críticas demoran en llegar”, escribió un joven en Facebook.

Por eso, las compañías de agua potable están ahora bajo el ojo público. No solo debió ser suspendido el inicio del año escolar, previsto para comienzos de esta semana, sino que recién el miércoles la emergencia comenzaba a apaciguarse. Así, ahora las miradas se han concentrado en las compañías sanitarias privadas. De hecho, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció el miércoles que oficiará a las empresas Aguas Andinas, Esval y Esbbio por los masivos cortes de agua.

Tras el reclamo formal del Sernac, el ente que regula el “servicio al cliente” en el país, se abrió un escenario en el que se podrán solicitar compensaciones e indemnizaciones para los usuarios en la Región Metropolitana (Santiago), Valparaíso y la Sexta Región de O’Higgins.

Privatizaciones

En Chile, la privatización de las sanitarias comenzó durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero luego fue Eduardo Frei R. -el segundo gobierno de la Concertación tras el régimen militar- que completó el proceso en los años 90. Tanto Ricardo Lagos (socialdemócrata), como Sebastián Piñera (centroderecha), profundizaron este modelo durante sus respectivos gobiernos.

“El Código de Aguas que se formuló durante la dictadura en 1981 (y que sigue absolutamente vigente)  considera a las aguas como un bien social, pero también como un bien económico. Separa la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfiere la prerrogativa al Estado de que sea este el que concede los derechos de aprovechamiento de aguas a privados de forma gratuita y a perpetuidad, dando origen al mercado de las aguas”, señala el experto Rodrigo Mundaca, citado por el portal Ciper.

En ese sentido, Aguas Andinas, una de las empresas más cuestionadas porque opera en Santiago, está controlada por el Grupo Agbar español, que además es dueño de Aguas Cordilleras y Aguas Manquehue. Aguas Andinas es la sucesora de Emos (Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias), creada en 1977, en pleno gobierno de Pinochet.

El 50% de Aguas Andinas está bajo el control de Agbar, el 13% por el grupo Luksic y un 10% por el Banco Itaú.

En 2016 Aguas Andinas obtuvo 116 mil millones de pesos chilenos en utilidades, algo así como 180 millones de dólares. Precisamente lo que reclaman muchos chilenos es que pese a las enormes utilidades, no hay inversión para evitar este tipo de desastres naturales. A su vez, Esval (Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral) se convirtió en 1998 –durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle- en la primera empresa en ser privatizada. (I)