Diálogo. Es lo que solicitó la presidenta Michelle Bachelet al referirse al “proceso constituyente” que se iniciará en septiembre, pero cuyo alcance y metodología no están del todo claros. Lo que es novedad, es que ahora el gobierno no se cierra a ninguna opción para modificar la Constitución de 1980 que heredó del régimen de Augusto Pinochet. En Chile, el tema constitucional está al tope de la agenda.

La Carta Magna vigente, aprobada en un plebiscito sumamente cuestionado porque se realizó en plena dictadura, ha tenido varios cambios en el último medio siglo, especialmente en la gestión de Ricardo Lagos (2000-2006), pero la idea de Bachelet es sepultarla y redactar una nueva Constitución para los chilenos.

Aunque la actual Carta Magna no contempla la convocatoria de una asamblea constituyente, como en su momento ocurrió en Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador, la presión de la izquierda es para que la Constitución sea resultado de esa instancia. Otros sectores, incluso al interior del oficialismo, estiman que el Congreso debe ser el ente desde donde se discuta el cambio constitucional.

“Respecto del proceso constituyente he instruido a los ministros del comité político que inicien a la brevedad las conversaciones con los distintos sectores para comenzar a crear las condiciones de diálogo que faciliten el inicio y la marcha del proceso”, dijo Bachelet, al detallar las prioridades del “segundo tiempo” de su gobierno de cuatro años que culminará en el año 2018.

Posteriormente, el vocero de la Presidencia, Marcelo Díaz, complementó las palabras de la mandataria. “Chile merece una nueva Constitución gestada en democracia y aprobada por los chilenos”. Además, el portavoz aseguró que el gobierno de Bachelet “no cierra ningún camino” para la nueva Carta Magna. Esto lo dijo tras ser consultado por la prensa sobre la posibilidad de establecer una asamblea constituyente, temida por los sectores más conservadores.

La alianza oficialista Nueva Mayoría tiene mayoría en el Parlamento, pero no los votos suficientes para cambiar la Constitución. Si bien la Carta Magna consagra tradiciones republicanas y derechos individuales, la propia Bachelet reconoce que la mayoría de los chilenos desconfía de su Constitución. Aparte del sistema electoral binominal que ya fue modificado y el rechazo a la “democracia protegida”, en varias de sus disposiciones la Constitución de Pinochet exige una mayoría de 4/7 en el Congreso para reformar votaciones en temas clave, como educación, partidos políticos y Fuerzas Armadas.

Hasta ahora, Bachelet no se ha referido directamente a la posibilidad de una asamblea constituyente, pero sí ha dado luces de lo que no quiere hacer. Preguntada por la posibilidad de un referendo, la mandataria fue  enfática: “no, no”, respondió. “Queremos que sea un proceso participativo. No queremos que sea un proceso de élite”, dijo.
En ese sentido, Bachelet piensa poner énfasis en consultas ciudadanas y cabildos para preguntarle a los chilenos sobre la elaboración de la nueva Carta Fundamental. (I)