Con el firme intento de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigir respeto al voto popular, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, continúa con su protesta pacífica para exigir que la Procuraduría General de Colombia anule el fallo que lo destituyó del cargo y lo inhabilitó con 15 años para ejercer cargos públicos.

El alcalde Petro, quien ayer continuaba indignado, fustigó la decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez. “¿Qué le puede decir el procurador hoy al mundo?, ¿qué porque oró frente a la Virgen María, a la cual yo respeto, le consagró el que le hubiera podido quitar los derechos políticos a lo que él denomina un comunista ateo? O al contrario tiene que decirle al mundo que él continuó con la tarea, hoy manipulando la norma y rompiendo la Constitución, y rompiendo el estado de Derecho, y rompiendo la Carta Democrática de la OEA y el Pacto de Derechos Civiles y Democráticos, que le ha quitado los derechos políticos, los derechos fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido a quien denunció el paramilitarismo?”, expresó.

Los tres pecados de Petro
El Procurador oficializó la inédita medida contra Petro –que instaurará un recurso de reposición ante el mismo funcionario en los próximos días– por “tres faltas gravísimas” relacionadas con el accidentado proceso que marcó el regreso del Distrito a la prestación del servicio de aseo en Bogotá. Además, le impuso sanción de inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos, que el mismo Alcalde calificó como una ‘cadena perpetua’ y que en la práctica lo ‘mata’ políticamente, señala el diario El Tiempo.

Según el voluminoso expediente de la Procuraduría, la primera falla de Petro fue la decisión “libre, consciente y voluntaria” de “asignarles la prestación del servicio de aseo a 2 entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad (la Empresa de Acueducto de Bogotá y su filial Aguas de Bogotá)”.

El expediente dice también que Petro, “de manera libre, consciente y voluntaria”, expidió un decreto que “vulneraba los principios constitucionales de libre empresa y competencia e impuso una serie de restricciones y limitaciones para que otras empresas, distintas a las del Distrito, no prestaran el servicio de aseo a partir del 18 de diciembre del 2012”.

La tercera falta por la que Petro fue hallado responsable tiene que ver con las decenas de volquetas que fueron usadas en Bogotá para recoger las basuras, destacó el diario.

Pero la decisión del procurador, criticada por amplios sectores de la población y por la mayoría de los grupos políticos, marcó un antes y un después por el abuso de poder que Ordóñez está implementando desde que llegó al cargo impulsado por el entonces presidente Álvaro Uribe, como lo sostienen varios sectores de la sociedad colombiana.

“Este es el último golpe del Procurador Ordóñez, un personaje que es cercano a Uribe y representa las ideas de derecha, que busca malograr el mandato del presidente Juan Manuel Santos y de sectores progresistas como el de las mujeres que defienden el aborto y el de las comunidades de homosexuales y de los dirigentes de izquierda que quieren libertad para las ideas”, sostuvo en diálogo con EL TELÉGRAFO el dirigente de izquierdas Roberto Ramírez.

La reacción popular de respaldo al alcalde no se ha hecho esperar y hasta el cierre de esta edición la Plaza de Bolívar continuaba atiborrada de ciudadanos de todos los estratos sociales que respaldan a Petro. Incluso el representante de las Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, anunció que solicitó una reunión con el Procurador y dijo a los medios que hablarán sobre “los derechos humanos del alcalde y de los ciudadanos”.  

Amilda Barón, una ama de casa que reside en los extramuros de la ciudad, dijo que se unirá a la protesta y que estará en las calles junto a los demás “para respaldar el voto que dimos por Petro, no vamos a permitir que la decisión de un burócrata eche al suelo de los que queremos una mejor ciudad. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

A su turno, la exalcadesa de Bogotá, Clara López, actual presidente del Polo Democrático y candidata presidencial, lamentó la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar en su cargo al alcalde Gustavo Petro.
Mientras tanto Antanas Mockus, exalcalde de Bogotá, criticó la sanción impartida por el procurador Alejandro Ordóñez al alcalde de Bogotá. “Es una sanción sin antecedentes, como si hubiera cometido una falta sumamente grave. Esta es una medida drástica contra un alcalde que quiso revertir una política pública establecida a lo largo de 15 años”, mencionó.

FARC: “ES UN GRAVE GOLPE” AL PROCESO DE PAZ

La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afirmó ayer que la destitución por parte de la Procuraduría de Colombia del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, es un ‘grave golpe’ contra las conversaciones de paz que desarrolla con el Gobierno colombiano.

En un comunicado divulgado en el sitio web de su delegación de paz (www.pazfarc-ep.org), las FARC destacaron que la destitución de Petro, un exguerrillero de izquierda, de 53 años, que debía gobernar de 2012 a 2016, “signa un nuevo episodio en la cadena de atentados contra el establecimiento de una verdadera democracia en Colombia”.

“De un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia, y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente”, añadió la guerrilla.

Subrayó que “lo que le quieren cobrar al alcalde Petro es la defensa que ha hecho de lo público, por eso, el momento es de LUCHA por la AUTENTICA democracia”.

Las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos negocian desde hace un año en La Habana el fin del conflicto bélico que hace medio siglo padece Colombia y por el cual esperan llegar a un acuerdo de paz el año entrante. (AFP)