Con más de medio millar de represores condenados y en medio de fantasmas que agitan un “golpe  blando”,  los argentinos se movilizarán hoy a la Plaza de Mayo en el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, 39 años después de la asonada cívico-militar que el 24 de marzo de 1976 instaló una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. La fecha es feriado nacional instaurado por el gobierno del fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

El centro de la movilización será la Plaza de Mayo, el tradicional paseo del centro de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede de gobierno. El llamado encontrará nuevamente divididas a las organizaciones sociales y políticas convocantes.

La consigna será la misma, “Juicio y Castigo” a los culpables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen cívico-militar que dejó 30.000 desaparecidos, pero habrá diferencias en torno a la política oficial de derechos humanos. Además, cinco excentros clandestinos de detención serán señalizados en las provincias de Santa Fe, Neuquén, La Rioja y Buenos Aires. Se trata de la delegación La Rioja (noroeste) de la Policía Federal; el excentro clandestino de El Infierno en la ciudad de Avellaneda, periferia sur del Gran Buenos Aires; la delegación neuquina de la Policía Federal, en la Patagonia; el Batallón de Arsenales 603 (ex 121) Fray Luis Beltrán en Santa Fe, norte de Buenos Aires; y el excentro La Huerta de la localidad bonaerense de Tandil.

El nuevo aniversario coincide con la continuidad de numerosos procesos judiciales por crímenes perpetrados durante la dictadura, como la mega-causa de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de detención clandestino del régimen militar. Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, 889 personas están procesadas en distintas causas en juzgados de todo el país y 563 ya fueron condenadas. Otras 50 han sido absueltas desde la derogación durante el gobierno de Kirchner de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que garantizaban impunidad a los represores. Ambas leyes habían sido aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) bajo fuerte presión militar.

Pero además la fecha coincide con un año electoral en que se definirá al sucesor/a de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones de octubre próximo y en un marco de advertencias sobre un “golpe blando” contra su gobierno tras la dudosa muerte del fiscal que investigaba la voladura de la AMIA Alberto Nisman y su denuncia contra la jefa de Estado por encubrimiento a los autores iraníes del atentado a la mutual judía que en 1994 causó 85 muertos. La denuncia, tras ser rechazada por el fiscal federal Daniel Rafecas, fue apelada por el sucesor del fiscal, Gerardo Pollicita, y cayó en la Cámara Federal, que deberá decidir ahora sobre el destino de la causa. El exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había denunciado tras la presentación de esta denuncia “la presencia de una estrategia activa de desestabilización, de golpismo judicial activo” contra el gobierno.

El acto principal se celebrará en Plaza de Mayo bajo el lema “Defendemos las victorias y vamos por más democracia”. Allí estarán las organizaciones más cercanas al “kirchnerismo”, como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación HIJOS (de desaparecidos), así como grupos políticos y sociales afines al gobierno.

“El 24 de marzo marchemos todos juntos a Plaza de Mayo. Defendamos las victorias y vamos por más democracia”, afirma un afiche de las Abuelas. En los últimos días, su presidenta, Estela de Carloto, realizó varios actos con motivo de un aniversario del golpe. El viernes pasado concurrió al tradicional colegio secundario de enseñanza media “Carlos Pellegrini”, de la capital, donde ante cientos de alumnos contó su historia y la de la lucha de su movimiento en la búsqueda de los 500 nietos desaparecidos.

Carloto y su nieto recuperado el 5 de agosto del 2014, Ignacio Guido, pasarán separados este “primer” 24 de marzo tras su reencuentro. La titular de Abuelas irá a Plaza de Mayo y su nieto, que es músico, tocará en un acto en la ciudad bonaerense de Olavarría, donde reside.

Pero además del acto en Plaza de Mayo, en inmediaciones del Congreso Nacional, a unas 20 cuadras de distancia, partidos de izquierda y agrupaciones que se integran en Encuentro Memoria, Verdad y Justicia realizarán un acto en el que pretenden presentar sus reclamos al gobierno y a la justicia.

Estos grupos se convocarán bajo el lema “Cárcel a los genocidas; restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje, aperturas de los archivos secretos, fuera (el cuestionado jefe del ejército César) Milani, no a la ley antiterrorista; y  AMIA, comisión investigadora independiente”. Desde el Congreso marcharán a Plaza de Mayo, donde a esa misma hora estaría desconcentrándose la movilización afín al gobierno.

Los actos se repetirán en distintos puntos del país, también con divisiones.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia, sostuvo que “en los últimos años el proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes del terrorismo de Estado ha avanzado de manera significativa” en el país austral. “Ha sido un aspecto fundamental de la consolidación del Estado democrático”, indicó en un comunicado.

Y añadió:  “hoy enfrentamos nuevos desafíos” porque el avance de los juicios contra los autores del plan de “desaparición y exterminio” de la dictadura generó “las condiciones para profundizar el análisis del contexto político y económico en el que tuvo lugar”. De esa manera se podrán aclarar “las contribuciones criminales de los sectores civiles –judiciales, económicos y eclesiásticos- que facilitaron esos delitos o se beneficiaron de ellos”.

Estas investigaciones sobre las responsabilidades civiles “se han encontrado con diversos obstáculos” y ahora “reaparece una constante de los procesos de justicia por los delitos de lesa humanidad: quienes en cada momento histórico han detentado o detentan espacios de poder presionan para dilatar o entorpecer las investigaciones y encuentran eco en núcleos de resistencia institucional, sobre todo en el seno del Poder Judicial”, aseveró.

El CELS puso como ejemplo el reciente fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que decretó la falta de mérito al empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, en el norte del país, y al juez subrogante Claudio Pontet, que liberó de responsabilidad al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca (sur de Buenos Aires), Vicente Massot. Tanto Blaquier como Massot estaban acusados de complicidad en crímenes de lesa humanidad.

DATOS

El 24 de marzo de 1976 la presidenta constitucional de Argentina, María Estela Martínez de Perón fue detenida y trasladada a Neuquén.

La Junta Militar asumió el poder. El gobierno de facto estuvo integrado por los máximos jefes de las tres Fuerzas Armadas: el exgeneral Jorge Rafael Videla por el Ejército, el exalmirante Emilio Eduardo Massera por la Marina y el exbrigadier Orlando Ramón Agosti por la Aeronáutica.

Comenzó el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, calificado como un régimen de brutal represión.