Según fuentes judiciales, los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos del alto tribunal consideraron que el estado de salud de Etchecolatz no le impide permanecer alojado en un establecimiento penitenciario, recibiendo la atención y los controles médicos adecuados.

En los últimos meses, diversos organismos de derechos humanos se movilizaron en multitud de ocasiones para exigir el regreso a la cárcel del represor, que fue trasladado en diciembre a un domicilio particular de la localidad bonaerense de Mar del Plata para seguir cumpliendo su pena.

El pasado 6 de febrero la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de Argentina, que depende del Ministerio de Justicia, pidió que se evaluara la revocación del beneficio de prisión domiciliaria en caso de comprobarse que incumplió las normas establecidas para gozar de esa modalidad de detención.

También la fiscal Ángeles Ramos, a cargo de la Unidad de Asistencia en Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, presentó un recurso de casación contra la resolución que permitió que el exmiembro de la fuerza pública cumpla su condena en casa por motivos de salud.

La miembro del Ministerio Público calificó de arbitraria y carente de fundamentación la decisión judicial y criticó que se basó en informes médicos parciales pese a que había documentación forense "de mayor peso" que no habilitaba el arresto domiciliario.

Etchecolatz, que aún cuenta con varios procesos abiertos por crímenes cometidos en el último régimen de facto, estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1978, y ha sido condenado en seis juicios, cuatro veces a prisión perpetua.

En un juicio oral, en 2014, admitió haber asesinado a perseguidos políticos durante el régimen de facto. (I)