La mayoría de medios de comunicación de América Latina, así como aquellos internacionales de gran audiencia en la región –por ejemplo, CNN-, es propiedad privada.  La existencia de medios públicos y medios comunitarios es aún marginal y he aquí una de las grandes batallas de la región: democratizar la comunicación.

A diferencia de los gobiernos de Venezuela, Argentina y Ecuador que han aprobado nuevos marcos normativos para la regulación de los medios de comunicación (Ley Resorte, 2004; Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2009; Ley Orgánica de Comunicación, 2013); los gobiernos petistas de Lula da Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff, todavía han dejado la tarea en el tintero, a menudo, han dicho, por la falta de una mayoría parlamentaria.

Brasil registra una de las mayores concentraciones de propiedad mediática del mundo con seis oligopolios: Marinho (O Globo), Frias (Folha), Civita (Abril), Sirotsky (RBS), Mesquita (Estado) y Bandeira de Melo (Associados).  La red O Globo trabaja de la mano con el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope, con filiales en la mayoría de América Latina) y el grupo Folha cuenta con su propia encuestadora el Datafolha, con lo que el dominio de la opinión pública es casi absoluto. Se añade, que más de 150 legisladores son propietarios de un medio de comunicación.

El caso de la red O Globo merece todo un capítulo aparte. Este oligopolio nació y creció al amparo de los más de 20 años que duró el período de dictadura. En abril de este año, se desclasificó un telegrama que revelaba cómo Roberto Marinho propietario de lo que entonces se denominaba ‘Organizaciones Globo’ mantuvo una conversación con el embajador de Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, sobre su “silencioso trabajo” para definir la prorrogación o renovación del mandato del dictador Castelo Branco. El documental ‘Más allá del Ciudadano Kane’ (Muito Além do Cidadão Kane) del inglés Simon Hartog, recogió en gran medida, el rol de O Globo en la dictadura y su relación con el sistema político. Desde luego, O Globo nunca permitió su estreno.

No extraña, por tanto, que desde que el Partido de los Trabajadores (PT) apareció en la escena política en la década del 80, las empresas mediáticas hayan convenido en deslegitimarlo. Como dato, cuando se creó el Foro de Sao Paulo (espacio de encuentro de partidos de izquierda de América Latina) en el 90, la prensa conservadora brasileña lo acusó de albergar a organizaciones terroristas y subversivas, sobre todo, por la participación y protagonismo del Partido Comunista Cubano y de Fidel Castro como uno de sus promotores.

Frente a esta incesante campaña de deslegitimación y desprestigio se han enfrentado, tanto Lula Da Silva, como la presidenta y candidata Dilma Rousseff. Ha sido dramático como Rousseff ha soportado cuestionamientos permanentes, en base a un “periodicazo” del Folha de Sao Paulo sobre una supuesta operación dolosa de Petrobras, cuando fue presidenta del Consejo de la empresa. La red O Globo se ha encargado de repetirlo, a modo de “juez”.

Oligopolios mediáticos aún sin ley

En 2009, el gobierno de Lula da Silva abolió la Ley de Prensa de 1967. Aquel corpus jurídico, aprobado en la dictadura, legalizaba ampliamente la censura, por lo que era criticado tanto por el oficialismo como por la oposición. Con la abolición, el marco normativo para los medios de comunicación se redujo a los códigos Civil y Penal y al Código Brasileño de Telecomunicaciones de 1962, ya caduco por definición. Desde luego, la Constitución carioca, también se refiere en varios artículos (5, 54, 221, 223, etc.) a los principios que deben regular la comunicación, pero no es suficiente.

A finales del último período del gobierno de Lula da Silva, se creó un grupo de trabajo encabezado por el entonces secretario de Comunicación Social, Franklin Martins, para elaborar un proyecto de ley de medios. Martins viajó por varios países de Europa para conocer algunos ejemplos de regulación y tomó nota de los casos de Argentina y Ecuador (en 2010 aún en proyecto).  

Lamentablemente, aún esta iniciativa no ha caminado desde el ejecutivo. La Central Única de los Trabajadores (brazo sindical del PT) ha tratado de sostener el tema en el debate público, junto con el Foro Nacional para la Democratización de la Comunicación y de la Campaña para Expresar la Libertad, que han entregado a Dilma y a otros candidatos su proyecto de Ley Democrática de Medios.

La presidenta y candidata, Dilma Rousseff, ha ofrecido que la regulación económica de los medios de comunicación,  será uno de los temas de trabajo para su segundo mandato, con el fin de combatir las formas oligopólicas de propiedad mediática y garantizar una mayor pluralidad de voces.  

Tanto los sectores de la sociedad civil como los sectores políticos reconocen que la batalla no será fácil. Disputar la hegemonía de los mayores oligopolios mediáticos de la región, claramente, convierte a este debate en un tema de alcance latinoamericano.