Un paquete de reformas elaboradas desde hace dos años propondrá, en las mesas de diálogo nacional, la Superintendencia de la Información y de la Comunicación (Supercom), encaminadas específicamente a cambiar el método de sanción.

El titular del organismo, Carlos Ochoa, participó el pasado jueves en un conversatorio en Guayaquil, organizado por la Universidad Metropolitana. Allí esbozó parte de las propuestas ante el auditorio.

En su intervención anunció dos de los planteamientos de reformas: el primero dosificar el sistema de sanción económica, es decir cambiar la ley vigente que establece  el  10% de la facturación promediada de los tres últimos meses por una sanción que iría del 1% a un máximo del 10%. “No es lo mismo sancionar a un medio local o regional que a un medio de alcance nacional”.

También planteó que en vez de pagar la multas, los medios generen trabajo social o actos culturales, aperturas a sectores que generalmente son invisibilizados; de esta manera se podría resarcir en algo a la comunidad.

Insistió en que es partidario de una reforma siempre en beneficio de la ciudadanía y para ampliar sus derechos, y “no  que sea un traje único para determinados medios de comunicación; creo que estos años se ha avanzado mucho en cuanto a derechos y no podemos dejar que un partido político, que no tuvo ninguna representación electoral, asuma para sí el derecho de generar cambios”.

Si bien destacó que con la vigencia de la ley existen avances en estos derechos, será la Asamblea Nacional la que finalmente acoja las propuestas para consensuarlas junto con la sociedad y no solo con los partidos políticos.

Recordó que la mesa de comunicación que ha formado el gobierno nacional recorre el país y culminará el 20 de agosto. (I)

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Yunda plantea otra instancia a la Supercom

El asambleísta por Alianza PAIS, Jorge Yunda, se mostró partidario de que se mantenga la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), pero que es necesaria una instancia superior de apelación para los medios de comunicación que se consideren afectados por las resoluciones del organismo de regulación.

El legislador rechaza así la pretensión de que se elimine la Ley Orgánica de Comunicación, pero considera que se requieren reformas. (I)