Los bancos cumplen una función importante como es la intermediación financiera: captan dinero de los ahorristas para
colocarlos en forma de préstamos, con el objetivo de dinamizar la economía. La función intermediadora de la banca está dirigida por el costo del dinero que es la tasa de interés. Por las captaciones de ahorros se paga un costo denominado tasa pasiva y por los préstamos concedidos se cobra la tasa activa. La tasa activa debe ser mayor que la tasa pasiva para solventar los gastos operativos y la diferencia entre ambas es el llamado spread bancario (gráfico1).

En el Ecuador, las utilidades netas (calculadas después de impuestos y participación a los trabajadores) fue de 394
millones de dólares en 2011, cuatro veces más que las generadas en 2003. Esto se debe fundamentalmente al spread bancario que se ha dilatado en todos estos años de dolarización. Desde 2003 hasta 2011, los costos generados por las operaciones pasivas se multiplicaron en 2.35 veces, mientras los ingresos efectuados por las operaciones activas se multiplicaron por 3.42.

Desde 2007 las tasas fueron reguladas mediante ley y resoluciones del Banco Central del Ecuador (BCE), pero solo las tasas activas. Las operaciones pasivas quedaron en manos del “mercado”. Actualmente el Estado y sus autoridades deben enfocarse en reducir el spread bancario e incentivar a los ahorristas a poner sus depósitos a plazo fijo. Es bastante peligroso para la salud del sistema financiero tener depósitos a la vista del 69% en promedio (2003-2011), de la totalidad de las obligaciones con el público.

Con esa cifrabanqueros y autoridades estatales saben que no pueden tomar malas decisiones (gráfico 2). Por eso, ante la crisis financiera internacional del 2008, en la ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones se incluyeron mecanismos para incentivar el fortalecimiento del patrimonio del sector productivo y financiero de la economía mediante la reinversión de las utilidades con una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido.

El modelo de banca que exige el país, dada la necesidad de un crecimiento sostenible de la economía, es fortalecer
continuamente el patrimonio de las instituciones financieras, sobre todo, si los depósitos crecen vertiginosamente como ha sido el caso del Ecuador en dolarización. Pero el fortalecimiento del patrimonio de los bancos debe realizarse sin crear mermas al fisco, excepto por shocks externos negativos.

Una de las obligaciones de los banqueros es siempre inyectar recursos al patrimonio. Esos recursos pueden ser del giro normal de la actividad (utilidades reinvertidas) o en su caso fondos propios. La banca ecuatoriana ha incrementado su patrimonio, mayormente, vía reinversión de utilidades (grafico 3 y 4). En la actualidad, donde la banca ha tenido un vertiginoso crecimiento de sus tasas de rentabilidad sobre el patrimonio y sobre los activos (ROE y ROA, respectivamente), es necesario que el fisco no siga perdiendo ingresos procedente del cobro del Impuesto a la Renta. Mediante resolución de la Junta Bancaria (JB) se puede ordenar recapitalizaciones e incrementos patrimoniales por medio de las utilidades que se generen durante el período (gráfico 5).

Pero el incremento del patrimonio no debe realizarse solo por reinversión de utilidades sino también con recursos propios de los accionistas. Esta clase de inyección de capital debe tomar la delantera para que los propietarios de los
bancos asuman un compromiso mucho más fuerte con sus depositantes. Los banqueros, ante la eliminación de
beneficios y privilegios, acostumbran a decir que no se hacen responsables de posibles corridas de depósitos, pero
ante lo heredado de la crisis de 1999 el público mantiene su desconfianza hacia la banca.

Por ello, para fortalecer las políticas públicas se deben regular las tasas pasivas y no solo las activas. Sin esta modificación no se podrá tener una banca que realice colocaciones a mayores plazos y establecer relaciones más profunda con la creación de una nueva matriz productiva, dejando de lado vinculaciones estrechas con los sectores importadores de bienes de consumo.

En este tema, la Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo (Senplades) y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad han desarrollado dos clases de gestión de recursos para el cambio de la matriz productiva: los financieros y los no financieros. En este último están contemplados los incentivos tributarios y las compras públicas. Los financieros guardan relación con la mayor participación de la banca pública, el financiamiento a través del mercado de valores y el financiamiento de la banca privada.

La presencia de esta última en la gestión de los recursos de la nueva matriz productiva cumple una función trascendental y es la que debe sobresalir en este proyecto. Para eso no basta el fortalecimiento del patrimonio vía reinversión de utilidades y fondos propios de los accionistas, o el manejo de las tasas de interés (pasivas y activas), sino también el redireccionamiento del crédito.

Si se llegan a concretar las regulaciones sobre las operaciones pasivas, es decir, revertir la tendencia del peso poco notable que ocupan los depósitos a plazo fijo en las obligaciones del banco con el público, se podría, mediante resoluciones del BCE, en coordinación con Senplades, establecer los montos por cartera de crédito privilegiando las metas establecidas en el Plan del Buen Vivir y no precisamente en función solo de las tasas de ganancias.

Hay que recordar que el problema de eliminar la reinversión de utilidades será que el monto destinado a fortalecer el
patrimonio ya no tendrá como destino ser un crédito productivo, enfocándose en los pequeños y medianos productores. Se hace indispensable redirigir el crédito por sectores y montos, pero el BCE y la Senplades no podrían decir a qué persona o institución se les debería prestar.

Además se le atribuiría al BCE la regulación del porcentaje del total de las obligaciones con el público que se destinaría para crédito. Esta política estaría condicionada por los resultados económicos que imperen en ese momento (crecimiento del PIB, tasa de desempleo e inflación). La actual Constitución de la República establece en el artículo 308 que las actividades financieras son de orden público, además se garantiza el fomento por parte del Estado al acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito.

La banca privada es una actividad donde se presta dinero con ahorros de los depositantes. Se genera intermediación
financiera gracias a la captación y a la colocación de recursos, y por esa razón, el redireccionamiento de los depósitos es totalmente viable. En esa línea se entiende por democratización del crédito no solo que los estratos con menos recursos y los pequeños emprendimientos tengan acceso sino también que este principio constitucional este enlazado con las grandes políticas públicas y a las verdaderas necesidades de la economía que se revelan en la actual  asignación de préstamos. El objetivo es un desarrollo sostenible que provea a los sectores económicos demandantes de inversión cuantiosa, rentable, pero de largo plazo como son los estratégicos.

Dado el mandato constitucional, las instituciones del Estado que están al servicio de garantizar la estabilidad económica deben poner mucho énfasis en la concentración de la actividad financiera en pocos bancos. Según cifras de la Superintendencia de Bancos, para 2011 solo cuatro bancos tenían el 63% del total de los activos y uno solo, Pichincha, tenía el 28,3%. Para septiembre de este año, el mismo banco ya concentraba un poco más del 29%.

Con los depósitos sucede algo idéntico: cuatro bancos tienen el 62,6 % y el Pichincha más del 28%, con una suma
de 5902 millones de dólares. Aunque desde 2007 se han diseñado instrumentos para enfrentar una posible falta de
liquidez del sistema financiero, es muy riesgoso que un solo banco tenga cerca del 30% de los activos y depósitos del
sistema. Pablo Dávalos, catedrático en la Facultad de Economía de la PUCE, expresa que “para el Estado sería muy difícil y costoso, en caso de un problema de solvencia, sobrellevar la caída de un banco con estas condiciones”.

La cuantificación realizada por el Servicio de Rentas Internas con respecto a los principales grupos económicos del
Ecuador para 2010 demuestra que los tres bancos más grandes del país se encuentran entre los 10 primeros puestos,
estando en primer lugar el Pichincha (gráfico 6).

Este último sigue estando en esa posición con ingresos totales por 1.687 millones de dólares. Uno de los motivos para que estos grupos económicos sigan estando en esas posiciones es la concentración del sector bancario que se ha desarrollado durante los años de dolarización. Con mucha más razón se hace imprescindible la regulación de las tasas, el destino de los créditos y el fortalecimiento del patrimonio de los bancos. Según Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía en el 2001, existe un rol para el Estado en la regulación de los mercados financieros, dadas sus imperfecciones y pone como ejemplo a las economías de rápido crecimiento de Asia, en las cuales el Estado jugó un rol activo en la creación y regulación de instituciones financieras y en la orientación de las políticas crediticias.

Con base en ese concepto y en el objetivo de redistribuir la riqueza, el régimen ha emprendido varias regulaciones mediante ley a los créditos y al vertiginoso crecimiento de las ganancias. La cuantía de las utilidades ha sido justificada por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) mediante un análisis comparativo con otras secciones de la economía, específicamente, con el sector real (gráfico 7).

Es conveniente realizar una división de la economía en sectores: externo, fiscal, financiero y el real. En este último están las empresas que invierten para la transformación de la materia prima en productos elaborados, es decir, con recursos propios y ajenos (deuda), generando valor agregado.

Mientras la función de las instituciones del sector financiero es canalizar el ahorro y administrar a qué clientes se les
realiza los créditos, sus colocaciones las realiza al ritmo de la confianza y el dinero que aportan los clientes de los bancos, no precisamente con recursos propios o apalancamiento. Por eso la Constitución caracteriza a la actividad financiera como de orden público.

A manera de conclusión: si la democratización del crédito significa que más personas tengan acceso al financiamiento
con menores costos, esto también responde a que más sectores económicos considerados estratégicos en el plan del Buen Vivir estén conectados con las colocaciones que realiza la banca privada. Asimismo, esta última no solo tiene
como misión precautelar el ahorro de los depositantes, sino también tiene que estar vinculada con solucionar los problemas estructurales de la economía.