Nada más elocuente como definen los organismos internacionales a la Inversión Extranjera Directa (IED) para saber el objetivo de los capitales en un país. La Agencia Multilateral de Garantías para la Inversión del Banco Mundial sostiene que es el mecanismo para adquirir intereses de largo plazo en una empresa que esté operando en otra nación diferente a la del inversor, cuyo propósito es el de tener una voz participativa en el manejo de dicha compañía.

No se habla de mano de obra, de impulsar el desarrollo de una nación, o mejorar las condiciones de vida de la población.

La experiencia en el país de la IED hace pensar dos veces al Gobierno. Es por eso, que la lluvia de inversiones que llega a América Latina mantiene al margen a Ecuador, que ocupa el último puesto, con 300 millones de dólares en 2012, en la lista de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Varias transnacionales petroleras demandaron al Estado ecuatoriano en arbitrajes internacionales y han exigido montos hasta cinco veces más de lo que invirtieron en la exploración y explotación hidrocarburífera.

La Procuraduría tiene 19 casos activos que resolver por 5.200 millones de dólares, cifra inmensamente mayor a los 300 millones de IED, sin contar los asuntos que faltan aún de determinar la cuantía.

Precisamente, la petrolera estadounidense Occidental demandó al Estado en mayo de 2006 por 3.370 millones de dólares por la caducidad del bloque amazónico 15. La cantidad es exorbitante comparada con los 808 millones que la empresa tenía previsto invertir en los 21 años de operación en el país (1985-2006). El arbitraje del caso se encuentra en la etapa de anulación del laudo que Ecuador presentó el 9 de octubre de 2012.

Chevron, otra petrolera de la misma nacionalidad, tiene dos casos pendientes por denegación de justicia. El primero es por 1.600 millones de dólares y el segundo está por determinarse. Entre el 27 de enero y 14 de febrero de 2014 se realizará la audiencia sobre méritos.

De igual manera lo hizo Burllington por 440 millones de dólares en contra de la Ley 42 sobre el reparto del valor excedente que las petroleras obtenían en el precio del petróleo. Conforme el calendario del arbitraje, la etapa de réplica y dúplica del Estado y la compañía concluirá con una audiencia fijada para agosto próximo. Basándose en la misma ley, Perenco y Murphy también demandaron al Estado.

En en el sector minero, Ecuador enfrenta procesos de la canadiense Copper Mesa, por las concesiones otorgadas en el área de Junín. El monto de la demanda asciende a 69,7 millones, más intereses. Lo mismo sucede con la empresa Zamora Gold, que declara que el Ecuador “ha violado el BIT con Canadá, al adoptar una serie de medidas para privarle de sus inversiones”.

Por su parte, Global Net, por 32,5 millones, aduce una presunta violación del Tratado Bilateral de Inversión (TBI) suscrito con Bolivia, pues considera que sus inversiones han sido expropiadas.

“La severidad de los laudos emitidos en contra del Ecuador y el riesgo potencial de algunos arbitrajes en curso, amenazan la política de desarrollo nacional y establecen un nefasto precedente para el resto de los países en desarrollo que mantienen compromisos en materia de inversiones”, afirma el subsecretario de Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), Andrés Arauz.

En contraste con lo anterior, la inversión pública da sus frutos. Un ejemplo son las telecomunicaciones que en los últimos seis años (hasta abril de 2013) ha invertido, aproximadamente, 1.245 millones de dólares. Para 2013 la Corporación Nacional de Telecomunicaciones colocará 437 millones, en tan solo un año, frente a los 808 millones de Occidental en los 21 años de operación.

Decisión soberana

El análisis de la IED en América Latina en 2012 motivó al presidente Correa a anunciar, en su enlace sabatino del 8 de junio, la nueva política en materia de inversión extranjera directa: solo vendrán los capitales que reporten beneficios al país. “Ecuador ha tomado una decisión soberana de seguir incentivando la inversión y los negocios que nos convienen como país”, precisó el ministro coordinador de Política Económica, Patricio Rivera.

Para el efecto, se han establecido parámetros que permitan que la inversión extranjera deje también ganancias. La propuesta oficial es exigir una rentabilidad justa. En esa línea, el analista petrolero Luis Arauz destacó que las inversiones deben ser una combinación sana de los intereses de ambas partes.

Entre tanto, Rivera insistió que Ecuador abre las puertas a una inversión que siente las bases para la transferencia de tecnología y la generación de conocimiento que ayuden al cambio de la matriz productiva. También inyecte capitales para sostener economía dolarizada de la nación.

Al respecto, el consultor Boris Cornejo destacó que la IED puede ser un recurso de apoyo al desarrollo nacional, siempre y cuando se ubique en el marco de las definiciones de objetivos, políticas y marcos normativos del país receptor.

“Generalmente –añadió- el aporte más importante de este tipo de inversión está vinculado a la transferencia de conocimientos (know how), a la posibilidad de incorporar procesos productivos o de servicios a cadenas o mercados internacionales más amplios y a hacer de la innovación una práctica frecuente en las culturas empresariales asociadas”.

Sin embargo, sostuvo que eso depende de las reglas y estrategias del país receptor, lo cual demanda visiones de largo plazo, capacidad de negociación e integridad en los negociadores y seguimiento a los procesos contractuales.

Experiencia en América Latina

La experiencia en América Latina demuestra que la IED, si bien llega en mucha proporción, no deja las ganancias necesarias a los países. Según Rivera, del análisis de las cifras de la Cepal la inversión no siempre es beneficiosa, como Chile que tiene inversiones de alrededor del 11%, pero “¿cuántos capitales se quedan?”

Advirtió que la inversión extranjera ha fluido más al sector de los recursos naturales, lo que refuerza la matriz de especialización productiva en un negocio ya constituido, que básicamente parte del comportamiento empresarial.

Para Rivera, en países como Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, los capitales producen solo 2,5 puestos por cada millón de dólares invertidos, porque la IED es intensiva en capital.

Sobre cómo han evolucionado las condiciones sociales a través del índice del desarrollo humano y la IED en la región, el funcionario descartó esa posibilidad y dijo que la experiencia es muy heterogénea. El gráfico de la rentabilidad del periodo 2007-2011 señala que los capitales fluyen a donde hay mucha rentabilidad. En Perú, es del 25%, Chile el 15%, República Dominicana el 14%, y Argentina y Venezuela el 10%. En promedio, en Perú, por un dólar de inversión extranjera invertido, las empresas se llevan 25 centavos.

Asimismo, Rivera anotó que la inversión extranjera directa crece vinculada a la reinversión de utilidades, más no al ingreso de capitales frescos en la región.

Pero Cornejo habla de “importantes lecciones de otros países latinoamericanos como Brasil, Chile y Colombia que han logrado avances en materia de fortalecimiento de sus estructuras productivas, plataformas de exportación, el fortalecimiento de sus recursos humanos, la incorporación de procesos productivos de punta, lo cual ha generado crecimiento económico, pero también logros en materia de desarrollo e inclusión social”.

Aclarando que Ecuador es respetuoso como Gobierno de las decisiones soberanas de cada país, Rivera subrayó que en territorios en los que hay fuerte flujo de IED, debería haber mayor conocimiento, nuevas tecnologías y productividad.

No obstante, sostuvo que la transferencia de tecnología y conocimiento, que debe ser uno de los principales beneficios de la IED, está limitada para algunos países por sus acuerdos internacionales.

Refiriéndose a Ecuador, el ministro anunció el inusitado interés de inversionistas internacionales en el proyecto Yachay, para generar conocimiento, tecnología aplicada e investigación. “Cuando una transnacional o inversionista extranjero traen conocimiento nuevo y capacidad gerencial que aporta a aumentar la productividad, es positivo”, enfatizó.

Otro tipo de inversión de la cual el país puede beneficiarse es en minas y petróleo, pero “con reglas claras, ganancias mutuas y alianzas público-privadas”, cuyos ingresos se inviertan en otros sectores como la siderurgia y petroquímica para transformar la matriz productiva.

Caso Kinross Gold Corporation

Para el ministro Rivera, el anuncio de la minera canadiense Kinross, de retirarse del país, es parte de un proceso de concepción. Ecuador –aclaró- no ha tenido una tradición minera, salvo la artesanal a pequeña escala, por lo que tiene que construir capacidades dentro del nuevo marco institucional, sentar las bases, reglas de juego claras, procedimientos e incentivos.

Kinross negoció con el Gobierno, durante dos años, el acuerdo de explotación del proyecto aurífero Fruta del Norte, en Zamora Chinchipe, cuyas reservas del metal ascienden a 6,8 millones de onzas. La Ley de minería que acaba de reformar la Asamblea Nacional, determina que el concesionario deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral y a los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso del oro, cobre y plata, no mayor al 8% adicional a la cancelación del Impuesto a la Renta, del porcentaje de utilidades atribuidas al Estado, del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y, del Impuesto al Valor Agregado.

La evasión del pago de regalías será causal de caducidad, sin perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere lugar.