Ecuador requiere invertir 42.400 millones de dólares hasta 2021 para cubrir todas las brechas sociales y salir del subdesarrollo, más 6.700 millones en gasto recurrente para mantenimiento de las obras y pago de sueldos y salarios.

Estas cifras cifras fueron cuantificas por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo(Senplades), en el estudio “Costos para salir del subdesarrollo”, que se gestó a finales de 2010 y llevó más de un año de trabajo. El estudio toma como referencia varios
parámetros económicos como la inflación, el precio del petróleo, costo de materiales y de mano de obra, entre otros, con sus proyecciones hasta 2021.

“La cantidad de recursos permitirá cerrar la brecha que existe entre los servicios que actualmente otorga el Estado y los que idealmente debería conceder”, manifestó el secretario de Planificación, Fander Falconí. “El análisis constituye el mayor esfuerzo de planificación en la historia del país”, añadió, al asegurar que la planificación a ese nivel de detalle, permitirá una adecuada priorización de la inversión pública en los territorios; contribuirá a lograr eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos y fortalecerá la presencia del Estado en el ámbito local.

Con ello, se pone énfasis en la definición de prioridades y asignación de recursos del Estado para cada distrito, zona o circuitos en los que está dividido el país, con preferencia a los sectores que más necesitan en materia de desarrollo. Los objetivos de este esfuerzo son: costear el cierre de las brechas y priorizar la inversión pública en los territorios.
Técnicos de la Senplades explicaron que los recursos se irán invirtiendo paulatinamente en los próximos ocho años, hasta cerrar los déficit en la cobertura de servicios básicos de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, telefonía fija o móvil, internet, vivienda, seguridad, desechos sólidos, riego, movilidad y transporte, etc. (ver gráficos), lo que los economistas denominan como la “optimización dinámica”: ver qué brechas se cierran primero y los costos e inversiones que se requieren en cada año. Lo que se trata es definir el monto de los recursos económicos que se necesitan para cubrir al 70% de la población que aún tiene alguna necesidad básica insatisfecha (NBI). Por ejemplo, en agua potable, apenas el 30% de la población ecuatoriana cuenta con este servicio.

En el estudio se identificó la oferta actual de servicios, luego se planteó la oferta
ideal y, la diferencia entre las dos, dio como resultado el déficit que falta cerrar.

Los dos grandes rubros

El requerimiento de inversión de los dos grandes rubros que están agrupados en servicios de agua potable, alcantarillado y electrificación, asciende a 34.400 millones de dólares, más el gasto recurrente por el mantenimiento de las obras
y pago de sueldos a los trabajadores que llega a 2.500 millones. Respecto a los servicios desconcentrados que son responsabilidad del ejecutivo, que comprenden salud, educación, administración de la Policía Nacional, justicia y gestión de riesgos, el costo de inversión y el recurrente ascienden a 8.000 y 4.200 millones de dólares, respectivamente.

Si se desglosa la inversión por sectores, solo para agua potable y alcantarillado, cuya competencia recae en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), se necesita 5. 161 millones y 208 millones para gasto recurrente. En el caso de vivienda, Bono de Desarrollo Humano y mejoramiento de las viviendas, la inversión asciende a 3.971
millones y el gasto recurrente a 94 millones. Mientras que en telecomunicaciones,
para que los hogares tengan acceso a internet y telefonía fija y móvil, hace falta
invertir 740 millones. Según la Senplades, la generación eléctrica, distribución y transmisión, es el sector que mayor inversión requiere: 12.378 millones de dólares. Gran parte de estos recursos están ya apalancados en proyectos de generación que se construyen para satisfacer la demanda que crece un 6,5% anualmente, frente al aumento de la oferta del 5%.

Asimismo, las inversiones para movilidad y transporte, que comprende la vialidad, puertos, aeropuertos y el sistema ferroviaro llegan a 9.778 millones. Los técnicos indicaron que la calidad de las vías no cumplían los estándares de seguridad
por los baches, carencia de señalización y mal asfalto. Esto consta en el plan vial como un déficit.

Competencias por zonas

En los servicios desconcentrados, que son de responsabilidad de la función ejecutiva, se tiene, principalmente, el tema de seguridad y justicia, y las áreas de salud, educación, e inclusiòn económica y social.

Así, el Ministerio del Interior abarca la Policía Nacional, las Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) , las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), los grupos especializados
GOE y GIRL, los servicios de investigación y la coordinación zonal. Por su parte el Ministerio de Justicia incluye a los centros de rehabilitación social, de adolescentes infractores y de orientación juvenil, oficinas de atención a la ciudadanía, casas de confianza, el grupo especializado Alfa y los centros de privación de libertad. Mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Miess) las casas de
acogida; y, el de Salud, los hospitales y la coordinación zonal. Dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgos se encuentran los cuerpos de bomberos y las brigadas de apoyo.

Competencias por distritos

En el país existen 140 distritos que incluyen a los cantones. Las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato se subdividirán para garantizar, en una determinada área, la entrega de todos los servicios, en función de la dinámica propia de cada sector.

Por ejemplo, en el Ministerio de Educación se destacan las unidades educativas del milenio, los centros multiservicios como bibliotecas, internet, las unidades especializadas para el apoyo a la inclusión y el sistema educativo formal para personas con discapacidades. Y, en el Miess, los centros de atención familiar y la oficina distrital.

Competencias por circuitos

Los circuitos son los niveles más pequeños de administración y prestación de servicios que, básicamente, corresponde al espacio de mayor cercanía con los ciudadanos. Los circuitos nacen de la subdivisión de los distritos que, en algunos casos, se corresponden con las parroquias, según la Senplades.

Con ello, la entidad informó que se busca generar un elemento de comunidad y cercanía con los servicios indispensables que deben tener los ciudadanos, para generar dinámicas en el territorio y la ciudadanía garantice sus derechos sin tener que desplazarse a grandes distancias.

En los circuitos se tiene al Ministerio del Interior con las unidades de policía comunitaria que están vinculadas con los barrios. El Ministerio de Educación con las unidades educativas de calidad, bibliotecas, conectividad y laboratorios de computación. Entre tanto, los técnicos del Ministerio de Salud recorren los hogares para una atención más dinámica del sector. Finalmente, el Miess opera con los centros integrales para Buen Vivir, y los centros infantiles.

En definitiva, la Senplades ha identificado en cada unidad de planificación la realidad actual, el déficit y la oferta ideal para solucionar los problemas. La institución ya conoce en donde es más agudo los distintos déficit de los servicios básicos, principalmente agua potable, alcantarillado, vivienda, electricidad. En vivienda, por ejemplo, la mayor carencia
es en la Amazonía, la sierra central y la Península de Santa Elena en la costa.

Optimización de recursos

Para optimizar los recursos y alcanzar los objetivos planteados, la Senplades indicó que ha hecho un ejercicio grande de planificación del Estado de cómo deben ubicarse los territorios e infraestructuras correspondientes, en función de las variables de población, distancias, entre otras. El objetivo es evitar arbitrios desperdicio de dinero y la mala calidad del gasto público.

La inversión de 2012

La inversión pública en 2012 fue de alrededor de 7.000 millones de dólares. Se informó
que fue el año de mayor ejecución histórica del Gobierno Nacional porque el cumplimiento bordeó el 100%. Para 2013, año electoral, la decisión sobre la inversión pública y el Plan Nacional del Buen Vivir tomará el nuevo Gobierno. Por lo tanto, se sigue trabajando con el presupuesto de 2012 que asciende a 26.000 millones, hasta el 4 de mayo en
que el Presidente elaborará la nueva Pro forma presupuestaria para su envío a la Asamblea Nacional, conforme señala la Constitución.