El manejo de la economía ecuatoriana desde la segunda mitad del siglo XX consolidó la hegemonía del mercado sobre el entorno social y ambiental, profundizó las brechas de desigualdad en términos de la riqueza y minimizó el papel del Estado en la vida pública. Dos ejemplos al respecto: la sucretización de la deuda en el gobierno de Oswaldo Hurtado, que consistió en la transferencia de recursos públicos para saldar el irresponsable endeudamiento del sector privado; y el salvataje bancario que se produjo a finales de la década de 1990, donde el país enfrentó la mayor crisis económica- financiera de su historia, que desembocó en una medida inusitada de política económica: la dolarización.

Además, si a esto se añade la ineficaz inserción que tuvo la economía en los mercados mundiales, que sumada al contexto de la globalización y a las políticas discrecionales orientadas a salvaguardar intereses específicos e individuales, se evidencia un deterioro sistemático del aparato productivo ecuatoriano y, más aún, de los pequeños y medianos productores. Por otra parte, el soterramiento de la economía se profundizó por la geopolítica mundial que, gracias al dominio de las instituciones de Bretton Woods y con los lineamientos del Consenso de Washington, instauraron políticas de ajuste y estabilización que apuntaban a limitar la inversión sobre el sector social. Entonces, la política económica ecuatoriana estuvo
orientada al manejo de la crisis y a saldar los compromisos financieros con los organismos internacionales. La inversión pública fue nula, lo que impactó considerablemente en la satisfacción de necesidades básicas y en el desarrollo de capacidades de los grupos más vulnerables de la sociedad, además que se postergó la transferencia de recursos para la activación del sector productivo no petrolero.

Este paraguas de medidas económicas se reviste de una ideología aún latente en el país y la región: el neoliberalismo, que es una actualización de la teoría neoclásica de desarrollo, considerada como la corriente dominante en la economía y, por lo tanto, proclamada como la “doctrina fundamental” o “mainstream” de esta ciencia.
Desde esta mirada histórica, donde se reconoce un proyecto político neoliberal apadrinado por la economía ortodoxa (muchas veces aplaudida y recuperada desde la academia), es necesario reconocer que en los últimos años emerge un nuevo paradigma de desarrollo denominado “Buen Vivir”, que se divorcia de la tradicional lógica de acumulación individual de capital y pone en su centro nuevos elementos como la economía popular y solidaria, los derechos de la naturaleza, la desconcentración de los mercados financieros, la democratización de los factores de producción y la diversificación de los mercados internacionales.

En el pasado, se constituyó una matriz neoliberal, asociada con la privatización y el pago de las deudas externas ilegítimas. El reto del actual gobierno está en profundizar el nuevo paradigma de desarrollo.