El proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social, que se encuentra en debate en la Asamblea Nacional, dedica un
artículo específico a la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) como crédito tributario para el pago del
impuesto a la renta (IR). Esos valores, actualmente no pueden ser recuperados por la compañía inmediatamente sino
solo cuando se cumpla la fecha de pago del IR.

Si la Ley entrara en vigencia, el empresariado recibiría de vuelta el dinero invertido en la importación de materias
primas, pero -al contrario de lo que se puede pensar- las reacciones del sector no fueron de respaldo al proyecto,
sino que se sumaron a la postura de la banca y solicitaron el “archivo”. El pedido, en voz del titular de la Cámara de
Comercio de Quito, Blasco Peñaherrera Soláh, fue contundente.

El cuerpo legal sin duda constituye un aporte a su competitividad y al desarrollo de la matriz productiva porque
permitirá al empresariado mejorar sus ingresos y realizar mayores inversiones, pero ¿por qué no defienden la petición que ellos mismos hicieron al Gobierno en una reunión realizada en agosto pasado? Es que la dependencia entre el sector bancario y el empresarial, jamás permitiría aquello.

La Consulta Popular de mayo de 2011, que contó con el respaldo de 4,07 millones de personas, es decir el 47,1%
del padrón, precisamente buscaba esa independencia al prohibir que las instituciones financieras tengan negocios
paralelos y el electorado les pidió dedicarse exclusivamente a la actividad bancaria.

Las compañías y la banca han creado una “alianza interesada” que ha trascendido la voluntad popular y aún se
mantiene. Aparentemente el empresariado ha preferido perder el beneficio de la devolución del ISD antes que divorciarse del sistema financiero.

Ambos tienen razones para seguir juntos. Por ejemplo, en el sector comercial, Corporación La Favorita, comparte los
mismos accionistas con el Produbanco, y si se consideran las importaciones que realiza la cadena de supermercados,
seguramente ningún importador querrá perder ese espacio, y puede resultarle más conveniente pagar el ISD que perder su relación con la institución bancaria.

Eso no se aplica en las empresas de menor tamaño, que buscan generar valor agregado, y están dispuestas a competir abiertamente en el mercado dejando un solo ganador: el consumidor, quien tendrá más y mejores opciones para elegir.

Los medios de comunicación privados, además, han contribuido con este juego de intereses cuando “omiten” en sus
publicaciones los beneficios que el empresariado tendría en caso de aprobarse el proyecto de Ley. A diario, los dirigentes gremiales, ejecutivos, banqueros y gerentes reiteran su rechazo al texto, solicitando su archivo y hablando de una supuesta nueva ingeniería tributaria para el país.